El gobierno radical asumía con una serie de medidas que llevó adelante en el mismo mes de diciembre de 1983, la derogación de la ley de 22924, también llamada de auto-amnistía o de pacificación y la modificación del código procesal penal que habilitaba la revisión de la sentencia dictada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por ante la Cámara Federal en lo criminal de instrucción de la Capital Federal.
Así se hizo el histórico proceso a los miembros a los miembros de las juntas que gobernaron desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, incluyendo los líderes de los movimientos de la denominada Triple A, y Montoneros, ERP y demás grupos armados de la interna peronista.
El juzgamiento de civiles y militares desde 1974 hasta la fecha de la finalización de la dictadura, cayó inmediatamente en desgracia, cuando se da las instrucciones a los fiscales de terminar la citación de militares, su posterior convalidación con la ley de Punto Final y, por último la ley de Obediencia Debida, otra amnistía encubierta.
Por fin, el presidente Carlos Menem, dictó el indulto a los presidentes juzgados, los miembros de las juntas condenados y todos los que tenían pendiente sentencia.
Así, genocidas como Galtieri, quien llevó a la Argentina a una guerra sin sentido, nunca pudo ser juzgado, ya que falleció poco tiempo después del indulto.
Alfonsín, quien terminó su gobierno en forma apresurada, sólo pudo cumplir con su sueño de poner la banda presidencial a su sucesor, ya que en el resto, su gobierno naufragó en todos y cada uno de sus postulados. Repudiado por sus votantes y sin una autocrítica real, el gobierno del Dr. Alfonsín fue una pancarta de buenas intenciones sin llevarlas adelante y, además, convalidó la disciplina partidaria, al momento de votar la ley de Obediencia Debida.
Este fracaso llevó al poder a Carlos Menem y, las buenas relaciones con Alfonsín llevó al Pacto de Olivos, un acuerdo realizado entre dos personas, que llevó al quiebre institucional con una reforma constitucional que no cumplió con los más mínimos requisitos de legalidad.
La sociedad repudió este pacto que llevaba al país a una democracia partidocrática y llena de defectos, se votó a los representantes del no a la reforma para la representación en la Asamblea Constitucional (constituyente).
Aun así, pocos fueron los que alzaron sus voces en contra del “núcleo de coincidencias básicas” pergeñado por Alfonsín y Menem.
La renuncia de Jaime de Nevares a la Asamblea Constituyente es más que elocuente: «Manifiesto mi decisión de abandonar definitivamente esta Convención Constituyente. En cumplimiento del mandato con el que fui honrado por la mayoría del electorado de mi provincia, Neuquén. Pero no debo dejar de expresar sin embargo mi alarma ante la desmesurada extensión de los poderes presidenciales, que hacen muy tenue la ya tenue división de poderes”.
Los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, ambos sin ningún resultado ni condena, la corrupción en el Gobierno de Menem, sin juzgamiento alguno, son otros elementos determinantes de la época.
Asumido el gobierno de la Alianza, con Fernando De la Rua como presidente, inmediatamente demostró que no superó a su antecesor. Acusado de actos de corrupción desde su inicio, el desmanejo de la cuestión económica y la renuncia de su vicepresidente, Carlos Álvarez, por la polémica ley de Reforma Laboral, llevó a su derrocamiento en medio de situaciones de violencia que dejaron varios muertos en la Plaza de Mayo, en el marco de una represión sin precedentes y sólo equiparables a las que llevaron adelante sus antecesores radicales en la Semana Trágica y demás protestas sociales posteriores.
La ley de Acefalía vigente en la época de la caída-derrocamiento del gobierno de la Alianza y la propia Constitución Nacional vigente, le daba a una Asamblea Legislativa la facultad de designar un presidente provisional. Así, al no asumir el gobierno el presidente de las Cámara de Diputados y Senadores, fue nombrado Adolfo Rodríguez Saá, ex gobernador de San Luis.
El gobierno de Rodríguez Saá fue designado por 60 días y, tan solo duró 6 días, sin apoyo y presionado por otro golpe institucional llevado adelante por la interna del peronismo, que trajo a Eduardo Alberto Duhalde, quien había perdido las elecciones presidenciales en 1999 frente a la Alianza y luego ganó en su provincia las intermedias de 2001.
El gobierno de Duhalde -que no tenía un día concreto de finalización, termina el 25 de mayo de 2003, presionado por la represión en el puente Avellaneda-, provocó una híper-devaluación de la moneda. Si bien, la convertibilidad, caballo de batalla de la Argentina de los ‘90, había terminado, la política económica seguía la misma lógica. De la Rua había continuado esa línea. Duhalde, por su parte, no hizo más que crear una nueva paridad, con mucho oxígeno para continuar.
Con la devaluación asimétrica del 6 de enero de 2002, con el dictado de la Emergencia Económica que perdurará hasta el año 2015, se consolidó un nuevo esquema donde la política económica perseguía una continuación del Plan de José Alfredo Martínez de Hoz y sus émulos, el Plan Austral y la Convertibilidad de Domingo Cavallo.
De 30 años de democracia quedan algunos resabios dictatoriales, provincias gobernadas por los continuadores del “Proceso”, bajo el esquema del peronismo, con una miseria, nepotismo y corrupción estructural que no tiene una salida posible en el corto plazo; un país gobernado por 23 años por el mismo signo político que deja, en sus continuas internas, una Argentina desigual, injusta y sin solución.
A pesar de todo ello, la democracia se caracterizó por una libertad de prensa amplia y una dinámica social activa, donde con sus defectos se pudo terminar con los golpes militares, se terminó con la tendencia pro-nazi al extraditar a Erich Priebke o abrir los archivos secretos sobre inmigrantes que estaban en la Policía Federal.
El juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas se pudo concretar y, con la mora normal del Poder Judicial, se llevan a cabo, aunque no se hizo lo mismo con los miembros de Montoneros, ERP y la Triple A, muchos de ellos funcionarios del actual gobierno.
Lo negativo del proceso democrático choca con sus virtudes, las pocas que hay son suficientes como para compensar y justificar socialmente su existencia.
Los fracasos de la democracia son de sus políticos que consideran a la función pública como negocios y sus logros, los pocos, son de la sociedad toda.
