– Me gustaría, para comenzar la entrevista, que me relate cuáles eran las tensiones o las presiones que se vivían en ese momento.
La decisión del gobierno democrático de Alfonsín de iniciar la persecución de los máximos responsables de la dictadura en Argentina fue de una audacia enorme. Primero y principal por que las fuerzas armadas, si bien después de la derrota de Malvinas habían dejado de gobernar, conservaban una enorme cuota de poder; entonces sentarlos en el banquillo de los acusados y derogar la ley de autoanmistía que ellos mismos se habían sancionado, generaba una situación de tensión importantísima que se fue sintiendo en todo momento a medida que avanzaba el juicio.
Éramos tan consientes de que podían existir problemas de perturbación graves respecto a las condiciones políticas generales que nos impusimos a cualquier costo liquidar el juicio en el menor tiempo posible, porque no sabíamos si efectivamente íbamos a poder llegar a nuestro destino final.
– ¿En qué se manifestaban las presiones de las Fuerzas Armadas?
En la medida que nosotros avanzábamos con el juicio, algunos sectores políticos del gobierno de Alfonsín nos transmitían el enorme grado de preocupación por lo que nosotros pudiésemos llegar a hacer.
Por otro lado el entonces presidente de la Corte, Severo Caballero, nos decía en conversaciones privadas que estábamos en medio de una empresa en la que la paz de la república y la tranquilidad estaban en juego, que buscáramos la manera de postergar y despejar las aguas y ver si una nulidad o algo por el estilo se podía materializar.
El jefe de la SIDE nos visito más de una vez transmitiéndonos ciertos problemas o ciertas inquietudes del tipo castrense que podían de alguna manera perjudicar al gobierno de Alfonsín.
– Más allá de las presiones, ¿qué le preocupaba en especial a usted respecto del desarrollo del juicio?
La primera preocupación que nosotros teníamos era que el juicio tuviese todas las garantías legales del debido proceso; es decir, no queríamos de ninguna manera que se estableciese un parangón entre el juicio a los militares argentinos y los juicios de Nüremberg, después de la segunda guerra mundial.
En Nüremberg, los aliados juzgaron a los militares y no respetaron el principio de la Ley ex post facto (ley posterior al hecho) sino que hicieron un estatuto para juzgar esos delitos y aplicaron penas que ellos mismos generaban en ese estatuto.
Nosotros, en cambio, respetamos la Ley ex post facto, les aplicamos el código penal de 1921, les dimos todas las garantías legales de defensa. Además propusimos que no fuese un juicio a puertas cerradas, que tenía que tener audiencia, que era lo único que podía garantizar nuestra labor y la veracidad de lo que nosotros íbamos a mostrar.
– En su caso particular y teniendo el cuenta la gran cantidad de testimonios desgarradores que tuvo que escuchar ¿Fue difícil disociar la parte humana de la profesional?
Esto nos superaba totalmente, de modo que aún con la experiencia que yo tenía dentro del ámbito jurídico, no me era posible tomarlo con frialdad técnica. Acá nos comprometía mucho nacionalmente. No podíamos dejar de vivir, frente a los testigos, el dolor, la indignación, todos esos sentimientos humanos que uno padece frente a hechos de gran magnitud. Yo soy de origen armenio y -al igual que la comunidad judía- nosotros hemos tenido un genocidio, que fue el primero del siglo 20. El sufrimiento de nuestra comunidad fue atroz, un millón y medio de armenios asesinados a mano de los turcos con lo cual hay una historia también familiar, de vida, que uno lo lleva consigo.
– ¿Usted cree que hay una percepción en la sociedad, de que este juicio fue el más importante de América Latina y el mundo después de Nüremberg o cree que fue eclipsado por las leyes del perdón?
En alguna medida, fue eclipsado por las leyes del perdón pero el gran mérito de este juicio, y que es lo que socialmente más lo fortalece, es la circunstancia en que mas allá de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida o de los indultos de Menem, nadie más dudo en la República Argentina de cuál fue el plan criminal ni de qué responsabilidad habían tenido en ello las Fuerzas Armadas, ni de la veracidad de los hechos que nosotros habíamos comprobado. Es decir, nadie más pudo -ni siquiera los propios enjuiciados y condenados- discutir la realidad material de los hechos, porque acá hubo una matanza indiscriminada y delitos de lesa humanidad.
– Mirando en retrospectiva las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a su juicio ¿fue una claudicación del gobierno de Alfonsín ante los militares o una medida acertada dentro de un contexto que parecía delicado?
Creo que Alfonsín actuó bajo una situación de verdadera coacción, como el mismo lo dijo. El veía peligrar la estabilidad de su propio gobierno y percibía que podía también haber una guerra civil, y entonces quiso evitar esa situación.
– ¿Usted estuvo de acuerdo con la sanción de esas leyes?
Yo no estuve de acuerdo. Trato de interpretar lo que hizo Raúl Alfonsín en ese contexto en base a explicaciones que él mismo dio tiempo después.
– ¿Que hubiera preferido hacer usted en ese momento?
Yo en ese momento hubiese preferido más que tener una democracia tan condicionada, haber convocado a la gente a la Plaza de Mayo para enfrentar al poder militar, incluso acompañar al presidente Alfonsín hasta Campo de Mayo si hubiese hecho falta
– ¿Y los indultos de Menem fueron una sobreactuación del Gobierno o existía algún riesgo concreto si no se sancionaban esos decretos?
Fueron actos absolutamente gratuitos que no tuvieron justificativo de ninguna naturaleza. Nadie pedía por esas personas que estaban condenadas; al contrario, las Fuerzas Armadas entendían que de algún modo el individualizar claramente a los culpables les permitía liberar carga o aligerar peso a su responsabilidad.
– ¿Cómo evalúa la política de Derechos Humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández?
Una política muy valiente, correcta y muy comprometida con la causa de los Derechos Humanos. Creo que ha puesto las cosas en su lugar, ha permitido a todos los familiares de miles y miles de víctimas la posibilidad de restablecer la justicia, que se juzgue a los máximos responsables, y que se restablezca el principio de no impunidad para los hechos aberrantes.
Hubo todo un debate con la política de Derechos Humanos de Kirchner cuando se inauguró el museo de la ESMA. Sectores del radicalismo acusaron al Gobierno de querer apropiarse del tema, obviando justamente el juicio a las juntas militares.
– ¿Usted coincide con esta apreciación?
Aunque en algún momento se rectificó, el Gobierno de Kirchner nunca reconoció en toda su dimensión la importancia que tuvo el juicio a las juntas, es como si hubiese querido escribir la historia de nuevo, obviando o dejando de lado lo hecho por el gobierno de Alfonsín.
Por otro lado, hay un debate también político ideológico, por el hecho de haber escrito un segundo prologo al libro Nunca Más. Esto provocó la crítica de los miembros de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), quienes señalaron que el Gobierno no tenía derecho a rescribir una obra que ya estaba consolidada e instaurada en la sociedad. Creo que con eso también se equivoco el Gobierno.
– ¿Que es lo que queda pendiente en materia de Derechos Humanos en el país?
En algún momento tienen que terminar estos juicios porque han pasado demasiados años y no parece bueno que se extiendan mucho más. Creo que hay que apurar de alguna manera todo esto; pero se están haciendo las cosas muy bien, los procesos han tomado un rápido ritmo y creo que están bien encaminados.
– ¿Cual es riesgo que se extiendan en el tiempo estos procesos?
Que a medida que pasa el tiempo cada vez hay menos pruebas, casi no va quedando ninguna. Se van muriendo los enjuiciados y los que quedan presentan imágenes de pobres victimas que son llevados ancianos y enfermos a audiencias donde se los está juzgando. A esto me refiero, a este tipo de situaciones.
