En la audiencia de ayer, las partes reiteraron su «buena voluntad» para la concreción de una solución amistosa acordada tras el reconocimiento de las autoridades argentinas, hace 19 meses, de su responsabilidad «por la violación del derecho a la vida y la privación de justicia en el caso AMIA».
Diana Malamud, de «Memoria Activa», planteó ante la CIDH la necesidad imperiosa de que el gobierno de Kirchner funde en el menor tiempo posible una unidad especializada en catástrofes y elabore un plan de contingencia de alcance nacional.
Este es uno de los compromisos adoptados por el Estado, junto con la informatización de los registros migratorios, la promulgación de una ley de reparación para las víctimas y todos sus familiares, la cobertura de costas y honorarios en el proceso local e internacional y apoyo pleno a las investigaciones del atentado.
Malamud dijo que su querella no quiere que fracase el proceso de solución amistosa, y se comprometió ha «hacer todo lo necesario para que las personas y los intereses que están detrás del encubrimiento y de la falta de resolución de la masacre de la AMIA, rindan cuentas».
«Solicitamos a la CIDH un mensaje claro al Estado argentino para que continúe cumpliendo con los compromisos asumidos para que este proceso satisfaga plenamente los derechos de verdad y la justicia de las víctimas y toda la sociedad», agregó.
«Tenemos derecho a saber quiénes asesinaron a nuestros familiares» prosiguió Malamud, luego de exigir que «los asesinos, cómplices y encubridores sean juzgados y condenados».
Por su lado, Horacio Méndez Carreras, representante especial de Derechos Humanos de la Cancillería de Argentina, informó a la CIDH que el gobierno «ha dado pasos muy importantes para obtener logros en las averiguaciones del peor atentado en Buenos Aires».
Indicó que las autoridades hacen grandes esfuerzos por obtener más logros con «una gran buena voluntad», y que se ha involucrado también al Poder Legislativo y otras instancias del Gobierno «que ha dado muestras significativas de querer esclarecer el atentado». Reiteró que «continuaremos dando pasos fehacientes para hacer justicia».
Cabe recordar que en ese sendero, en marzo de 2005, las autoridades argentinas aceptaron su responsabilidad en el fracaso de las investigaciones y el encubrimiento del atentado, el mayor y más importante registrado contra una comunidad judía fuera de Israel.
Tal vez sea por ello que a primea hora de esta tarde los fiscales Nisman y Martínez Burgos convocaron a conferencia de prensa en la que darán a conocer el informe de sus investigaciones en las que, se supone, cargarán contra Irán y el Hezbollah.
Nisman Martínez Burgos tienen listo el informe hace largo tiempo pero el Gobierno no había considerado oportuno darlo a conocer hasta ahora, en coincidencia con este nuevo encuentro en Washington.
Ya Memoria Activa, en ocasión del pasado 18 de julio, había advertido de que no quería informes oportunistas coincidentes con la fecha, y luego, dada la última guerra en el Medio Oriente, el gobierno no halló el momento oportuno para hacerlo.
Ahora, este encuentro de Washington, parece haber destacado el momento oportuno para que los fiscales den a conocer su trabajo investigativo.
