Cuando los especialistas piensan en estadísticas, piensan en números que parecen mágicos pero que en realidad ocultan una parte importante de la realidad. El último dato de nuestro país en materia de desempleo –registrado por el INDEC- arroja que un 10,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentran sin trabajo, lo que totalizaría que casi dos millones de ciudadanos padecen esta situación. Si se compara este indicador con el mismo período, pero del año pasado, arroja que creció solamente 1%, que a simple vista pareciera un resultado poco significativo, pero contabilizando individuos se destaca que más de 200.000 personas se han quedado sin empleo en el último año.
Reflejado a nivel global, el estudio de Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) da cuenta de que más de 192 millones de personas se encuentran desocupadas, alcanzando un 5,6% de la PEA mundial. Y que la cantidad de sujetos a escala global que podrían encontrarse desocupados crecería en un millón.
Estos datos dicen mucho y a la vez, no dicen nada. Para algunos economistas neoliberales u ortodoxos, la posibilidad de que exista el 0% de desempleo no tiene asidero porque dispararía la inflación de los países, ya que si todos se encuentran ocupados, pedirían aumentos salariales haciendo subir los costos empresariales, por lo que la autoridad monetaria elevaría la tasa de interés encareciendo los créditos presentes y futuros, consiguiendo el desánimo para sostener trabajadores, provocando despidos masivos y/o pérdida del poder adquisitivo de los salarios, reduciendo nuevamente los costos laborales y consiguiendo bajar la inflación. Por ende, para esta corriente de pensamiento, el desempleo es un equilibrio en el mercado de trabajo entre los oferentes (trabajadores) y los demandantes (empleadores), existiendo una “tasa natural de desempleo” o “desempleo estacional” que muchos economistas sitúan por debajo del 5% pero por encima del 3%. Otros pensadores de estas corrientes económicas consideran que un desempleo poco significativo es una situación sana para la economía de los países dada la “movilidad del empleo” y la renovación poblacional, donde los más viejos dejan sus puestos de trabajo a los más jóvenes, pero que como esto no sucede inmediatamente, se genera un desempleo de transición, que sostiene el nivel de salarios en una situación aceptable.
Otras corrientes de pensamiento creen que la intervención de los Estados debe llevar la situación del desempleo a 0% y que no puede haber individuos sin algún tipo de ingresos que les permita reproducir la vida en sociedad. Por un lado, están los que son partidarios de la teoría del Trabajo Garantizado. Esta idea sostiene al empleo como un derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación.
La propuesta de “Trabajo garantizado”, asociada con los economistas poskeynesianos, tiene su fundamento en el principio de Fondo de Reserva de Estabilización según el cual el sector público ofrecería un trabajo con salario fijo a cualquier persona dispuesta a trabajar para lo que dicho gobierno tiene que mantener una reserva de estabilización de puestos de trabajos disponibles. Esta reserva de estabilización debe aumentar cuando la actividad del sector privado disminuye, y disminuir cuando la actividad del sector privado se expande, al igual que los actuales fondos de reservas de estabilización dedicados actualmente a los desempleados. Es decir, los Estados pasan a ser garantes de la situación laboral de los países y a su vez, de la situación de pobreza. La financiación de esta idea sería mediante impuestos y con la conformación de un fondo especial pagado por los empleadores y los trabajadores, por lo que es un sistema que tiene parte del sustento en el sector público y la otra parte en el sector privado.
Por último, la propuesta de Renta Básica Universal, también llamada Ingreso Ciudadano, determina para todos los ciudadanos o residentes de un país una suma de dinero sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. Se realiza sin tomar en consideración si se es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.
El futuro del empleo
Más allá que las preferencias del autor son acerca de la teoría del Trabajo Garantizado, la disposición de estas corrientes sirve de disparador para tratar el problema del futuro del empleo –y el desempleo- en un ámbito cada vez más robotizado y donde las personas son tomadas por los grandes capitales como meros obstáculos en la búsqueda de plusvalía y por los gobiernos como un problema a resolver pero con recetas aplicadas que agudizan el conflicto en lugar de encauzarse a una solución positiva.
Uno de los grandes conflictos del escenario laboral global es la formalidad del empleo. El Director General de la OIT, Guy Ryder, sostuvo que “Aun cuando el desempleo mundial se ha estabilizado, los déficits de trabajo decente siguen estando muy extendidos: la economía mundial todavía no crea empleos suficientes. Es necesario desplegar esfuerzos adicionales a fin de mejorar la calidad del empleo para las personas que trabajan y garantizar que las ganancias del crecimiento sean distribuidas equitativamente”. El empleo vulnerable, englobado por los trabajadores familiares no remunerados y los autónomos, alcanza el 46% del total global, alcanzando 1.5 mil millones de personas, y esta característica pareciera avanzar en el tiempo, en detrimento del trabajo formal registrado.
De manera análoga, en términos de pobreza laboral el mercado de trabajo mundial solo ha registrado un limitado avance. En 2017, la pobreza laboral extrema fue generalizada; los ingresos per cápita de más de 300 millones de trabajadores de países emergentes y en desarrollo es inferior a 1,90 dólares de los Estados Unidos (PPA) al día. 
En general, la marcha de la reducción de la pobreza de los trabajadores de los países desarrollados no logra compensar la creciente fuerza de trabajo en los países en desarrollo, donde se prevé que el número de personas en extrema pobreza laboral superará los 115 millones en 2019, el equivalente al 40% de todas las personas empleadas. El solo pensar que 500 millones de trabajadores perciben menos de 100 dólares mensuales debe abrir la puerta a los gobernantes para plantear el presente y el futuro del trabajo y los derechos de la ciudadanía que son cada vez más carcomidos, así como la presión sobre los tributos estatales se va a tornar peligrosa, a punto tal de desfinanciar a los Estados y desregular completamente a los mercados.
El crecimiento de la economía del mundo se asienta en 3% anual, pero el derrame no llega a las copas de abajo, sino que la copa de arriba se sigue ampliando. El aumento de la productividad es la excusa de los denominados “desarrollistas” para lograr un PBI creciente en el largo plazo, pero a medida que el capital no financiero crece, suceden dos fenómenos interesantes: crece el trabajo no registrado o semi formal y la distribución del ingreso se hace más regresiva.
Innovación, desregulación e inestabilidad laboral
Los países con mayor grado de innovación muestran altos niveles de competitividad y crecimiento sostenido a largo plazo. Sin embargo, tenemos una cara de la moneda que no se observa. Para empezar a dilucidar el escenario, sólo la cuarta parte de los trabajadores a nivel mundial tiene un contrato que no es temporal o de corta duración. Es una cifra que ha ido creciendo en los últimos 20 años. La población global continua en crecimiento y los puestos de trabajo generados no alcanzan más que para el 42% de los nuevos ingresantes al mercado de trabajo. En Europa Occidental, donde se encuentran los países con mayor grado de desarrollo humano medido por el índice IDH, un 14,3% de los empleos son informales, donde un 22% de esta categoría pertenece al sector formal, mientras que casi el 49% son cuentapropistas.
La incorporación de los tigres asiáticos tiene su correlato con la masa de trabajadores sin derechos laborales que desempeñan funciones en empresas trasnacionales con salarios inferiores a los 120 dólares mensuales. Las cadenas mundiales de suministro y de valor eluden a menudo las normas sobre la aplicación y las leyes fiscales y laborales en los países en los que operan (pudiendo obtener a menudo condiciones discrecionales, por ejemplo, para operar en zonas francas de exportación y solicitando con frecuencia la exención del cumplimiento de la legislación mencionada). Se registran otras violaciones importantes de los derechos de los trabajadores, empezando por la denegación de la libertad sindical y la reticencia a concluir convenios colectivos.
Es posible inferir entonces que la innovación en determinados países trae enormes consecuencias negativas en aquellos que producen el bien físico. El más claro ejemplo es la industria tecnológica donde los salarios a los desarrolladores de nuevos bienes o servicios perciben salarios promedio de 11 mil dólares mensuales mientras que la industria masiva, es decir, la que fabrica físicamente los móviles, las tabletas o las PCs, apenas 472 dólares promedio mensual en el continente asiático. Asimismo, los trabajadores de línea blanca –electrodomésticos, tecnológicos del hogar- reciben salarios mensuales promedio de 372 dólares promedio. Las empresas desarrolladoras de software se alojan casualmente fuera de los países productores y lo hacen en nichos productivos, cercanos a grandes universidades y donde las patentes son pagadas en una interesante cuantía.
Otro potencial inconveniente a futuro es la robotización del sector servicios. Se estima que en 50 años existirán autobuses, taxis, aviones que serán autónomos, sin la necesidad de un conductor. Habrá supermercados sin atención al público, lo mismo podría pasar con cines, cadenas de comidas rápidas hasta comercios de ropa. Las industrias incluso necesitan cada vez menos personal, reemplazado por brazos robóticos, la Big Data y la inteligencia artificial reemplazarán a los viejos analistas de marketing en un período no muy corto.
La centralidad en el ser humano
Con este análisis se pone en tela de juicio que la productividad y la innovación solo traen mejorías para los países donde se patentan las ideas, aquellos que aplican las leyes de protección –aunque cada vez menos- del empleo, del trabajo y el sostén de la formalidad, mientras donde se terceriza la producción, países de Europa Oriental, Asia o América Latina, la informalidad en el trabajo es de alrededor 40%, y casi 50% en los sectores involucrados, así como los salarios no alcanzan la mitad del salario mínimo de los países centrales. Estas cuestiones ponen en alerta al gobierno de Alemania que, en un informe, afirmaba que “los riesgos para los derechos humanos y la violación de estos últimos tienen lugar con frecuencia en los niveles inferiores de la cadena de suministro”. Otros gobiernos advierten sobre “la influencia excesiva de las empresas multinacionales en los responsables de la formulación de políticas, y la evasión fiscal y las prácticas de transferencia de beneficios de las empresas multinacionales”.
Son los Estados los que deben reglamentar leyes y aplicar políticas públicas para sostener y fomentar el trabajo formal del presente y del futuro, por encima de los embates de las multinacionales. El mercado no tiene ideología más que el de la mayor rentabilidad ni es nacionalista, se inserta donde los Estados tienen leyes más débiles y pueden obtener mayores ganancias con menores costes.
Por ello, es importante plantear la necesidad de generar alternativas en el presente que repercutan en el futuro. Las empresas transnacionales realizan parte importante de la producción de bienes avanzados, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico y el comercio internacional. Si bien cumplen un papel relevante en las exportaciones y en la producción de los bienes de consumo duraderos avanzados, no contribuyen de manera significativa a la generación de empleo y en algunos países como Argentina pueden dar origen a problemas de balanza de pagos, derivados de sus remisiones de utilidades al exterior.
Un Estado fuerte e interventor puede ser una de las respuestas a los problemas de trabajo y generar las condiciones para sortear la informalidad del trabajo, que en nuestro país y en la región, se mantiene cercano al 35%-40% en los últimos 25 años, con reglamentaciones particulares y fomento productivo para pymes y las unidades de la economía social, además de controles exhaustivos a las grandes empresas y al sector exportador agrario, este último considerado el de mayor mano de obra informal con sueldos excesivamente bajos. Y como se trató en los primeros párrafos del artículo, la necesidad que todos los individuos tengan algún tipo de ingreso para poder salir de la pobreza y satisfacer las necesidades básicas humanas, más allá de las formas de implementación.
Es importante, para cerrar, plantear el empleo del futuro centrado en las personas. Esto significa que los trabajadores y directivos han de diseñar la concepción del puesto de trabajo. Significa también que se adopte un enfoque de la inteligencia artificial «bajo control humano» que garantice que las decisiones definitivas que afectan al trabajo sean tomadas por personas. Los avances tecnológicos requieren también de la reglamentación del uso de datos y de la responsabilidad sobre el control de los algoritmos en el mundo del trabajo. Significa la solidaridad de trabajadores con trabajadores y de los Estados ejerciendo el rol de control de lo que sucede en su territorio.
* Lic. en Economía.
