Sharón está acusado de haber utilizado su posición como ministro de Exteriores para ayudar al empresario David Appel en un negocio de turismo inmobiliario en Grecia y en la adquisición de unas tierras en Israel a cambio de un sueldo millonario para su hijo Gilad (se habla de un asesoramiento al costo de 700.000 dólares de honorarios) y de ayudas en las primarias del Likud de 1999.
El fiscal del Estado, Menachem Mazuz, debe decidir si procesa al actual Primer Ministro Sharón.
La prensa israelí publicó que el fiscal general tiene poco margen para no procesarlo a la luz de las recomendaciones presentadas por Arbel.
Repercusiones
En caso de que Mazuz de el visto bueno al proceso, expertos jurídicos israelíes sostuvieron que la ley no obliga a Sharón a dimitir. Pero una cosa es la ley y otra la política, y en caso de que resulte encausado, la continuidad de Sharón al frente del Gobierno israelí sería muy delicada.
«Si se producen esas circunstancias, el Primer Ministro debería dimitir. Espero que él mismo decida irse a casa y luchar para demostrar su inocencia», dijo Yosef Paritky, ministro de Infraestructura y dirigente del partido Shinui, el principal socio del Gobierno de coalición.
Uzi Landau, ministro sin cartera del Likud, el partido del primer ministro, aseguró que Sharón debería renunciar si es procesado.
Ophir Pines, parlamentario laborista dijo: “Si hay una acusación, Sharon deberá renunciar de inmediato”. Yossi Beilin, un ex ministro de Justicia que ahora lidera el partido izquierdista Yahad, amenazó con masivas marchas si Sharon no renunciaba.
El doctor Barak Medina, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Hebrea de Jerusalem, comentó que “la acusación pareciera ser inevitable. Si se acusara a Sharón, sería el primer mandatario israelí que sería procesado. El antecedente más cercano fue, en 1977, cuando Rabin -entonces premier laborista- se suspendió a sí mismo después de que su esposa fuera acusada de ofensa relacionada con el cambio de monedas extranjeras”.
