Ley antiboicot en Israel

El uso del BDS para legitimar la ocupación

Si bien en principio el objetivo es luchar contra el movimiento internacional de boicot, desinversión y sanciones (BDS), la radicalización de derecha a la que se ve sometido el país pone en evidencia que la nueva ley vendría a implicar una forma sutil de prohibir la acción pacífica (el boicot) a través de la negación de la entrada al país. De esta manera, se podría cerrar los caminos a la acción no violenta, provocando una respuesta violenta por parte de los palestinos, la cual conduciría a una política de mano dura y de justificación de la ocupación y la opresión.
Por Heriberto Winter

El 6 de febrero, el Parlamento israelí dio su aprobación final a un proyecto de ley que determina que «Se prohíbe expedir permiso de entrada y de residencia de todo tipo a aquella persona que no es ciudadano israelí o carece de permiso de permanencia en Israel, en caso de que él o la institución para la cual él actúa, haya publicado en forma consciente un llamado público a boicotear al Estado de Israel, a alguna de sus instituciones o a cualquier zona ubicada bajo su dominio (léase, incluyendo los territorios ocupados). No obstante, en circunstancias especiales el Ministro del Interior tendrá la prerrogativa de expedir un permiso de entrada y de residencia».
En principio el objetivo de la ley es luchar contra el movimiento internacional de boicot, desinversión y sanciones (BDS). En 2016, Israel asignó $ 32 millones para combatirlo con un nivel de éxito muy dudoso.
La «Ley de entrada a Israel» promulgada en 1952, autoriza al Ministro del Interior a prohibir la entrada de personas al país a su total discreción, o sea que en la práctica, casi desde los comienzos de la creación del Estado, el Ministerio del Interior tiene la prerrogativa (y la ha aplicado) de detener en las fronteras de Israel a los sospechosos de criticar a la política israelí, incluso para deportarlos.
En 2008 se impidió la llegada del conocido historiador judío Norman Finkelstein, alegando que representaba un riesgo para la seguridad del país. En 2010, se impidió la entrada del payaso español Iván Prado, el cual quería organizar un festival de payasos en Ramallah y ese mismo año, Israel impidió la entrada del renombrado lingüista Noam Chomsky a Cisjordania. Se trata de simples ejemplos de un fenómeno mucho más extendido.
Últimamente, conforme a la radicalización de derecha a la que se ve sometido el país, se le negó un visado de turista al nuevo director para Israel y Palestina del movimiento de derechos humanos «Human Rights Watch», una de las organizaciones de derechos humanos más prominentes en el mundo, acusándolo de fomentar «propaganda palestina». Semanas antes, Jennifer Gorovitz, vicepresidente judía de la filial estadounidense de La Nueva Fundación de Israel fue sometida a un humillante interrogatorio al arribar al país, tratándose de una de las más importantes organizaciones israelíes que apoyan los derechos humanos y la justicia social.
Cabe acotar que conocidos abogados especializados en el tema de derechos civiles, sostienen que la nueva ley es más que nada una ley declarativa. Según ellos, sólo el tiempo dirá cómo esto se va a aplicar en la práctica. Una gran parte de los expertos legales dicen que en última instancia, serán los tribunales los que definan qué es exactamente lo que esta ley implica. Y ahí puede radicar el germen del peligro.
Sin embargo, el verdadero (y grave) significado de esta nueva ley se reduce a dos puntos esenciales:
La mayoría de los críticos liberales o de izquierda concuerdan en que el verdadero objetivo de la ley es legitimar la ocupación. En última instancia las personas que promueven un boicot contra Israel, no tienen la intención de llegar a Israel, sino a Palestina y eso se quiere evitar.
Al boicot contra Israel puede dársele otra lectura menos corriente. El motivo central del boicot supone la elección de un camino de resistencia no violenta. La nueva ley vendría a implicar una forma sutil de prohibir la acción pacífica (el boicot) a través de la negación de la entrada al país. Hay para ello una buena razón: cerrar los caminos a la acción no violenta, provocando una respuesta violenta por parte de los palestinos, la cual conduciría a una política de mano dura y de justificación de la ocupación y la opresión. La respuesta violenta contra la resistencia no armada no es nueva, ya caracterizó a la primera intifada. Ya en ese entonces se habló de las manifestaciones en términos de » terrorismo popular», así como hoy se habla de «terrorismo diplomático», concepto cuasi-oximorónico utilizado por la derecha israelí. No en vano, un importante militar israelí, Amos Gilad, dijo en su momento que » (Israel) no es capaz de tratar con Gandhi», o en otra palabras, con la resistencia pacífica.
En tanto el boicot contra Israel ha ganado un cierto número de adeptos, ha sido criticado en amplios círculos, en los cuales se hace una clara distinción entre el boicot a Israel (que implicaría una eventual falta de legitimación del estado) y el boicot a los asentamientos.
La oposición a la ocupación israelí es prácticamente universal, sea por parte de la Unión Europea, el Consejo de Seguridad o instituciones académicas y por supuesto organizaciones de derechos civiles y humanos. Sumémosle a ello la oposición radical de grupos humanistas y liberales judíos en todo el mundo, incapaces de tolerar la disonancia entre su visión de mundo y su visión judía y la existencia de un Estado de Israel opresor y discriminatorio, siendo esto especialmente manifiesto en el entorno de la judeidad americana, cuyo peso no hay necesidad de recalcar. En noviembre de 2016 más de 300 intelectuales judíos americanos firmaron una declaración a favor de un boicot dirigido contra los bienes y servicios de todos los asentamientos y de cualquier inversión que promueva la ocupación.
No está de más acotar que a diferencia de lo que generalmente se supone, el sistema judicial israelí no se ha caracterizado por aferrarse a principios de igualdad y justicia cuando se trata de temas ligados directa o indirectamente a lo que el «poder» define como asuntos de seguridad en general o al tema de los territorios en particular.
Sin negar importancia a la explicación antes formulada quisiera enfocar esta ley desde un ángulo diferente y complementario a la misma. Me atrevo a decir que la mecánica de la ley debería preocupar menos que el significado que tiene en lo relativo a la fantasía y al imaginario.
Como ya fue expresado, el cambio de la realidad y de la práctica jurídica es menor de lo que aparentemente se teme o presume. Lo que sí se va modificando es el «ambiente», la sensación subjetiva que conduce a la aprehensión, al miedo y por ende a una eventual sumisión o desesperanza. Sumémosle a ello que en el Israel de hoy las fuerzas democráticas y liberales comienzan a sentir una sensación de encierro, de mundos que se van encogiendo, en los cuales ideas clericales y anti-democráticas se abren paso y el discurso (y no tanto la realidad)se vuelve violento, intransigente, coqueteando con la mentira o alterando la verdad.
El diablo jugó sus cartas y decidió que el mismo día en que el presidente Trump firmó una nueva orden racista e islamofóbica (modificando la anterior) para negar la entrada a los Estados Unidos, el parlamento israelí demostró su capacidad para promulgar también una ley discriminatoria. En ambos casos lo más determinante es marcar la cancha, fijando nuevas pautas en lo imaginario, pautas de disuasión, retroceso, desánimo y retirada.