Causa del encubrimiento al atentado

El juez Ariel Lijo y los límites de la vergüenza

El sobreseimiento de varios ex secretarios del primer juez que tuvo a cargo la investigación de la causa AMIA, involucrados en diferentes operaciones fraudulentas destinadas a encubrir el atentado, suma una nueva página a la sucesión de obstáculos con los que la Justicia argentina evita llegar a la verdad.
Por Erick Haimovich

En vísperas del vigésimo aniversario del Atentado a la AMIA aún no sabemos quién será el anfitrión de los ya tradicionales festejos de julio. Durante años, los notables anfitriones de las celebraciones por el triunfo de la impunidad fueron los organizadores del Acto en la calle Pasteur: por su palco pasaron políticos de todos los colores, encubridores, dirigentes comunitarios de honestidad sospechosa; todas caras que, con el acto devenido en peregrinación anual, aprendieron a fingir rostros fúnebres al momento de la desgarradora sirena de las 9.53 y del encendido de las cámaras de televisión.
Pero Pasteur al 600 no fue la única anfitriona. Por algunos datos que aparecen en la causa que investiga el encubrimiento, se sabe que la SIDE –en este caso, sin la presencia de fotógrafos- se prestó como bunker para cierta celebración. Tras el encarcelamiento de policías de la Bonaerense (desagradables policías por cierto, pero sin ninguna conexión probada con el Atentado), doce personas (de identidad aún desconocida) brindaron con vino Luigi Bosca, en el propio edificio de la SIDE, en lo que significó un nuevo paso más lejos de la verdad.

Por otro lado, en los últimos años confirmamos que el cazador de terroristas Alberto Nisman ofreció su Fiscalía Especial para los festejos. Los invitados de honor para la ocasión ya los conocemos: amigos de la comunidad judía, diputados desconocedores de las causas judiciales vinculadas con el atentado a la AMIA, abogados de querellas inescrupulosas, embajadores y miembros del Partido Republicano.

Pero como si faltaran lugares para que los encubridores se juntaran a festejar el 18 de julio, el juez federal Ariel Lijo acaba de proponer su juzgado. El sobreseimiento de varios ex secretarios del entonces juez Galeano, de Carlos Corach y de ex policías que colaboraron con la fraudulenta investigación del ex juez Juan José Galeano, fue una clara decisión al servicio de los encubridores que se llevó a cabo sin ninguno tipo de pudor.
No hay que revisar escuchas telefónicas, cruzar números de celulares, revisar bolsas de basura para darse cuenta de que es una jugada infructuosa la decisión del juez: la maniobra encubridora está a la vista de todos. Ariel Lijo sobreseyó a Susana Spina, Carlos Velazco, Javier De Gamas y José Pereyra, ex secretarios de Galeano que participaron de las conocidas maniobras coordinadas por el destituido juez de la causa AMIA. Y el delito es evidente: ¡hasta existen filmaciones donde estas personas se las puede encontrar involucradas en los episodios del encubrimiento! No estamos frente a sospechas infundadas que habilitarían un sobreseimiento, sino frente a un nuevo miembro del Poder Judicial que se suma a la larga lista de obstaculizadores para llegar a la Verdad.

Y como si la evidencia documental fuera escasa, el propio accionar del juez Lijo revela no sólo sus intenciones sino los altos niveles de falta de vergüenza a los que se ha llegado en la causa AMIA. El sobreseimiento fue notificado, ¡oh casualidad!, el mismo día de la primera declaración indagatoria en la historia argentina a un vicepresidente en ejercicio. Episodio no menor, de hecho, el caso más televisado en los últimos meses: ideal para encubrir un encubrimiento. Se podría haber esperado la suficiente valentía por parte de un juez para tomar la decisión el mismísimo 18 de julio, el día en que la ciudadanía entera está hablando sobre el Atentado, y no en algún olvidado subterráneo de la historia, cuya existencia sólo se justifica para los que quieren tomar decisiones del aquí-no-pasó-nada.
Pero evidentemente la valentía del señor Lijo no fue más allá: tuvo que tomar la decisión jugando a las escondidas, en un sombrío recoveco de Tribunales, pasando los papeles por debajo de la puerta y yéndose corriendo, para que ningún medio se entere, por si acaso lo publica y ¡ay! si socava la creciente legitimidad mediática que viene construyendo en los últimos meses.

Queda un mes para el vigésimo aniversario del Atentado a la AMIA. Corporaciones políticas, judiciales y comunitarias vienen limpiando el terreno para festejar tranquilos en julio. ¿Cómo sigue la historia? Ya lo sabemos: se llenarán la boca hablando sobre la memoria y acusarán ser víctimas del Atentado; pasearán por programas de televisión rasgándose las vestiduras por la falta de justicia; se vestirán de traje y llegarán puntuales a las 9.53 para el ritual rostro fúnebre. Alguno llegará medio tarde y dirá: “¿Pero cómo, los festejos no eran en mi oficina?”.
Cada vez más lugares para festejar la impunidad; cada vez menos para exigir justicia y denunciar a los autores intelectuales y materiales del Atentado y del encubrimiento.