El juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación del encubrimiento del atentado a la AMIA, sobreseyó a Susana Spina, Carlos Alfredo Velazco, Javier De Gamas y José Pereyra (ex secretarios del entonces Juez Federal Juan José Galeano) y a Carlos Corach (Ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem). También benefició con un sobreseimiento a los ex policías Armando Calabró, Jorge Menno y José Jofré, quienes colaboraron con la fraudulenta investigación del atentado a la AMIA que llevó a cabo el ex juez Galeano.
La decisión del juez Lijo fue dada a conocer a las querellas justo el 9 de junio, muy probablemente para que semejante despropósito quedara opacado por la información de otros casos. Sin embargo, Memoria Activa hace público su más enérgico repudio ante tan arbitraria e injusta decisión judicial, que desconoce abiertamente las instrucciones que le había dado la Cámara Federal, sala “Ad Hoc”, en su resolución de fecha 19 de junio de 2013. En dicha oportunidad, los jueces la Cámara de Apelaciones anularon en duros términos el sobreseimiento de estos mismos imputados que había dictado antes Lijo y lo exhortaron a no realizar una valoración tan descontextualizada y condescendiente de las conductas de los mismos.
No obstante los claros lineamientos que le impuso el tribunal superior, y después de algunas exhortaciones de la Cámara Federal para que no dilate más la definición de la situación procesal de estas personas, el juez Lijo hizo oídos sordos e insiste con desincriminar a quienes colaboraron con el ex juez Galeano en el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Los imputados sobreseídos por Lijo, en especial los ex secretarios Susana Spina, Carlos Velazco, Javier De Gamas y José Pereyra participaron de distintos actos procesales que permitieron llevar adelante las maniobras coordinadas por Galeano. Incluso hay filmaciones y escuchas telefónicas que los involucran, como asimismo actas firmadas por ellos, cuya falsedad resulta a esta altura incontrovertible. Es a todas luces evidente que en soledad Galeano no podría haber desarrollado semejante emprendimiento delictivo.
De tal manera, dichos funcionarios judiciales participaron en forma sistemática y alternadamente, de manera consciente, de distintos actos procesales que constituyeron, en conjunto, el emprendimiento delictivo que frustró la investigación del atentado terrorista a la AMIA.
El juez Lijo acaba de dictar una medida más para obstaculizar el avance de la justicia contra todos los encubridores del atentado a la AMIA. Una vez más queda claro que la justicia no está dispuesta a juzgarse a sí misma. No nos falta memoria, ¡NOS FALTA JUSTICIA!
