La Sala II del Máximo Tribunal Penal del país resolvió rechazar el recurso de la defensa de Juan José Galeano contra la sentencia que había declarado la nulidad del sobreseimiento oportunamente dictado en favor del ex magistrado. De esta manera, ratificó el fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña en contra de la postura de Galeano, quien pretendía que considerasen el caso como «cosa juzgada», a raíz de un fallo a su favor dictado en 1997.
Este fallo de la sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, rechazó el recurso de Galeano por entender que su sobreseimiento estuvo viciado de graves irregularidades. El ex magistrado está acusado por el delito de peculado, a raíz del pago ilegal de 400 mil dólares al entonces detenido Carlos Telleldín a cambio de una declaración indagatoria en la cual involucró a policías bonaerenses en el atentado del 18 de julio de 1994.
Galeano fue procesado, entre otros, por el juez federal Ariel Lijo y enviado a juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2, que todavía no puso fecha al debate. Junto con el ex juez se sentarán en el banquillo el ex titular de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy, el ex ministro del Interior Carlos Corach, junto con los ex fiscales del caso Eamon Mullen y Jose Barbaccia. También están imputados Telleldín y su esposa, Ana Boragni, e incluso varios funcionarios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el actual presidente de la Cámara de Casación, Federico Domínguez, y el entonces comisario Luis Vicat.
En el mismo juicio y por otro delito, el de encubrimiento, serán juzgados además el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la Brigada Antiterrorista, Jorge “El Fino” Palacios, ambos procesados por intentar desviar la investigación de la llamada «pista siria» del ataque y haber jugado a favor de los que debían ser investigados. También se le imputa al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, haber participado del encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA.
Volviendo a la reciente sentencia, la jueza Ledesma, quien lideró la votación, aclaró que la cosa juzgada no posee un valor meramente formal, sino material, derivado de los principios que la sustentan en tanto protege la seguridad jurídica y consideró que en el fallo impugnado, los jueces que conformaron la mayoría basaron su decisión en las nociones “vicios formales”, “vicios sustanciales” y “error judicial”.
La magistrada enfatizó que “esta solución se compadece además con la obligación que asumió el Estado de aplicar medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y el encubrimiento de la AMIA y las sanciones a los responsables de acuerdo al acta suscripta el 4 de marzo de 2005, donde se reconoce la responsabilidad del Estado Nacional.
