Según indica un despacho de Telam, el ex dirigente comunitario que está a la espera del juicio por encubrir el atentado a la AMIA, ahora también quedó imputado por el delito de “administración fraudulenta” mediante el otorgamiento de créditos a empresas insolventes que llevaron a la quiebra de la entidad bancaria.
El Banco Mayo cerró en 1998 con un rojo de 200 millones de pesos, hecho por el que Beraja estuvo detenido dos años, entre fines de 2003 y octubre de 2005, cuando fue liberado por la Cámara de Casación Penal. La Sala II del tribunal confirmó la acusación por los créditos que dio a las empresas Hyannis (por 4,7 millones); Dalkey (5,93 millones); Accra (4,45 millones) y Almonte (5,45 millones).
Todos los préstamos fueron otorgados entre el 20 y el 28 de junio de 1995, “en perjuicio” a los ahorristas del banco, según el dictamen del juez Norberto Oyarbide. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron la actuación del magistrado, que acusó a Beraja de haber generado “un sofisticado mecanismo, primero de captación de fondos y, luego, de flujo de éstos hacia el exterior de la entidad y en propio beneficio”. Ese proceder, añadió Oyarbide, actuó “en franca vulneración de los intereses patrimoniales del Banco Mayo y el perjuicio de sus ahorristas e inversores institucionales”.
Se trata del segundo procesamiento del banquero por la quiebra del Banco Mayo, además del juicio que le espera por encubrir el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, cuando Beraja era también presidente de la DAIA. El ex dirigente comunitario está acusado de haber colaborado en el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Tellendín para acusar a policías bonaerenses por el atentado en el que fallecieron 85 personas.
Fuente: Télam
