Polo del Judaísmo Plural: ¿Cuáles fueron las obstrucciones, internas y externas que impidieron una investigación seria y eficaz del atentado a la AMIA?
Horacio Lutzky: Las obstrucciones que trabaron las investigaciones tuvieron orígenes varios, pero coincidentes en el propósito de ocultar la verdad. Por un lado, a los pocos días de ocurrido el atentado se decretó la prohibición de investigar a un grupo de personajes de origen sirio vinculados con las familias Menem y Yoma, que eran una de las puntas claramente comprometidas con lo ocurrido. Esa decisión coincidió con una evaluación de orden internacional en la que participaron los gobiernos de Israel y Estados Unidos en virtud de la cual no eran opciones viables un enfrentamiento con Siria, país vital en el reordenamiento entonces en curso en Medio Oriente, ni la caída del gobierno de Menem, un firme aliado en política Exterior, que había traicionado sus promesas a los países árabes que financiaron su campaña presidencial. La destrucción de pruebas, y el armado de una causa fraguada a medida de las necesidades del poder en el atentado antisemita más grande en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no hubieran sido posibles sin la convalidación de los países mencionados. Y sin la colaboración de la dirigencia comunitaria, que sirvió a intereses ajenos a los de la comunidad judeo argentina.
PdelJP: ¿Quiénes se presume que estuvieron involucrados en esas obstrucciones?
HL: Por la razón invocada, los involucrados han sido muchos, de distintos sectores, que ahora se brindan apoyo mutuo para procurar evadir las consecuencias penales de su deleznable proceder. Los hay del ámbito político, comenzando por el ex presidente Carlos Menem y su hermano Munir Menem que -a modo de ejemplo- frenaron los allanamientos y pesquisas sobre el sospechoso Alberto J. Kanoore Edul, o consiguieron simultáneamente del coronel Franke -procesado luego por el contrabando de armas a Croacia y Bosnia- un certificado para justificar las irregulares y cuantiosas compras de explosivos del volquetero Nassib Haddad y así liberarlo en cuestión de horas. Siguiendo por los funcionarios del servicio de inteligencia del Estado (SIDE) a las órdenes de Hugo Anzorreguy que realizó incontables maniobras para favorecer el encubrimiento, y los de inteligencia de la Policía Federal, que naturalmente aportaban su carga ideológica antisemita y de investigación a las víctimas. Se sumaron funcionarios judiciales venales, tanto del juzgado a cargo como de la fiscalía que debía impulsar y controlar la pesquisa. Y dirigentes judíos y abogados que usurparon el lugar de “víctimas”, cuando en realidad – lejos de sufrir las dramáticas consecuencias que sí padecieron los familiares y amigos de los muertos- en su mayoría se enriquecieron, evolucionaron profesionalmente y ganaron espacios de poder y de figuración pública a los que jamás habían accedido con anterioridad.
Así, ex presidentes de DAIA que desfilaban testificando a favor del destituido juez Juan José Galeano, y que defendían el encubrimiento proclamando cínicamente que no hay que “investigar la investigación” porque eso equivale a “investigar a las víctimas”, reaparecen estos días hablando maravillas del procesado comisario Palacios, el mismo que el 1 de agosto de 1994 frustró los esenciales allanamientos sobre las propiedades de la calle Constitución de la familia Kanoore Edul.
Desde un primer momento, la representación legal de las instituciones AMIA y DAIA querellantes en el proceso, quedó en manos de abogados demasiado cercanos al gobierno de entonces y a los mismos factores de poder que debían ser investigados. Esto fue avalado por las distintas conducciones comunitarias, que deberán dar cuentas ante la historia por su responsabilidad ante la prolongación de tan escandalosa contradicción de intereses.
