Christine Junod, la juez de Ginebra que debe resolver exhibe signos inquietantes. En coincidencia con el llamado de atención emitido recientemente por la Cámara Federal de Buenos Aires que ordenó profundizar la pesquisa en torno a la fortuna del ex-presidente, la Cancillería argentina resolvió mandatar a un abogado para que se apersone en el procedimiento de Ginebra y defienda los intereses de la Nación. En esa línea, el gobierno argentino seguiría los pasos tomados oportunamente por Filipinas y Nigeria en relación a las fortunas ocultadas por los dictadores Ferdinand Marcos y Sani Abacha
El caso Menem se encuentra en un momento crucial. ¿Terminará en un coma vegetativo como los casos emblemáticos de corrupción que estallaran estos últimos años en Argentina? ¿El impulso que trata de imprimirle el flamante presidente Néstor Kirchner a las cuestiones judiciales conseguirá arrancarlo del letargo?
El futuro es incierto como enrevesados los tramites que se vienen acumulando. Las controversias y desencuentros no hallan solución. Alegando que las comisiones rogatorias que pedían las cuentas de Menem desde 2001 estaban mal hechas, Suiza invitó a los jueces concernidos a una reunión en Berna el 7 y 8 de noviembre del año pasado, pero nadie aceptó el convite. Declinaron viajar Julio Speroni, Juan José Galeano, Norberto Oyarbide, Jorge Ballestero y María Romilda Servini de Cubría. Los tres primeros, encargados de clarificar hechos vinculados directamente a Menem, los dos últimos por imputaciones contra colaboradores del ex-presidente.
Embajador desautorizado
El embajador argentino en Suiza, Guillermo González, quien se empleó a fondo para que la reunión se concretara, quedó desautorizado ante las autoridades helvéticas, que bramaron de indignación. Desde entonces, los canales diplomáticos se hayan lastimados. Los funcionarios federales dan la impresión de pasar factura. No se percibe ninguna gestión del gobierno suizo de Berna para destrabar lo que ocurre en Ginebra. La causa parece condenada a morir de inanición.
Sin esperar a ese malogrado cónclave, el 28 de octubre de 2002, la juez Junod aceptó examinar si correspondía comunicar algún dato de las cuentas de Menem ‘exclusivamente’ si se encontraran informaciones bancarias que estuvieran relacionadas con el atentado de la AMIA. De ese modo rechazó averiguar lo que contenían las demás solicitudes provenientes de Argentina, que reivindican les entreguen las cuentas de Menem y Hernández para indagar si existen lazos con el comercio y contrabando de armas, el enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y/o tráfico de influencias.
Suponiendo que Suiza tuviera razón acerca que las comisiones rogatorias enviadas desde Argentina estaban plagadas de faltas, ese argumento no la habilita a desligarse de sus obligaciones para con cualquier país del mundo previstas en su propia ley interna, penalizando las solicitudes que le han sido sometidas y descartando satisfacerlas por equivocaciones, ya sean ciertas o supuestas. En ese contexto, conviene recordar que a partir de las criticas formuladas el 27 agosto de 2002 en un comunicado de la Oficina Federal de Justicia y de la Embajada de Suiza en Buenos Aires, menos Ballestero y Servini de Cubría, los otros tres jueces involucrados, es decir Galeano, Oyarbide y Speroni, remitieron complementos de sus comisiones rogatorias con el objeto de remediar lo que pudo adolecer de error u omisión en sus encargos originales.
Pero, que se sepa, Junod no modificó su posición.
Lo que el Código Penal suizo no contempla
El meollo de la negativa de Junod radica en que uno de los delitos más importantes invocados por la Argentina es el de enriquecimiento ilícito y que esta infracción no figura en el Código Penal suizo. Su ausencia provoca que no se respete el principio de la doble incriminación, imprescindible para acoger una petición de ayuda judicial. Dicho principio establece que el delito esgrimido por el juez requiriente debe encontrarse en el cuerpo legal del Estado del juez requerido, para que sobre esa base se pueda atender la demanda.
Es cierto que el enriquecimiento ilícito no integra o ha ido desapareciendo de muchos códigos penales con la evolución de la legislación, imponiéndose la concepción que hace hincapié en delitos anteriores que debieron cometerse para enriquecerse ilícitamente, considerando al enriquecimiento más una consecuencia del delito que un delito en sí.
Es probable que la Argentina se encuentre atrasada al respecto y deba reformar sus leyes, pero también es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Federal de Suiza, equivalente a la Corte Suprema en Argentina, dictamina que el juez que tenga que pronunciarse no está determinado por la tipificación que le hace llegar su colega extranjero y que en base a los hechos que le comunican, puede acomodarse a su propia legislación y calificar distinto, para de tal manera compaginar con la doble incriminación y responder al suplicatorio del exterior enviando las pruebas.
En los avatares que conciernen a Menem y Hernández el enriquecimiento ilícito planteado por Buenos Aires podría encontrar equivalente en el delito de corrupción, definido por el artículo 322 y sus especificidades, que se leen en el título 19 del Código Penal suizo.
La juez Junod no parece razonar de esta manera. De la media docena de exhortos trasmitidos de Buenos Aires de dos años a esta parte, lo único que retuvo es que el 18 de julio de 1994 la AMIA fue destruida con explosivos, lo que ocasionó muertos y heridos, y que es de recibo buscar en las cuentas de Menem y Hernández si hay algún indicio que pudiera esclarecer esa atrocidad. ¿Tan difícil es comprender paralelamente que esas dos personas, presidente de un país en el momento de los acontecimientos de marras, y su secretario privado, no quieren ni pueden justificar 6 millones de dólares en esas cuentas, abiertas y mantenidas al margen de la ley argentina, y a todas luces presumiblemente alimentadas por el desvió de fondos públicos y/o nutridas de sobornos pagados por fuerzas corruptoras? ¿No merecen los extractos de esas cuentas ser conocidos por la justicia argentina que los está reclamando desde hace dos años?
No obstante que la ley la autoriza a informar a la opinión pública sobre la marcha de un sumario de impacto social, la juez Junod no quiere entrar en detalles. Hacía declaraciones pormenorizadas en la época en que criticaba a sus colegas argentinos cuando sus exhortos le disgustaban. Se llama a silencio ahora que tiene que decidir. Está en su derecho. El sacrosanto secreto del sumario y sus vainas dan pie para que calle como para que uno de sus dos predecesores en el sumario, Claude François Wenger, dicte comunicados a la prensa y salga en directo por radio en Buenos Aires. Lo humillante sería que hubiera decidido plegarse a la idea que la justicia es un asunto para entendidos y que los terráqueos de a pie no deben saber porque no van a entender. Por cierto su actitud atrae la atención a la luz de sus últimas medidas, al menos las conocidas tras laboriosas requisitorias por el periodismo gracias al vocero de la Oficina Federal de Justicia, Folco Galli.
Galeano y “C”
Desde el 6 de diciembre de 2001 el juez Galeano le viene insistiendo para que haga venir a Ginebra a Abolghasem Mesbahi, el famoso testigo “C”, un ex-agente iraní refugiado en Alemania, para que éste cumpla con su ofrecimiento -formulado en 1998 por vía judicial- de identificar a un banco ubicado en el centro de la ciudad ‘a 200 metros del Hotel du Rhône’ en cuya puerta leyó la palabra ‘Luxemburgo’. Un banco que abrigaría una cuenta perteneciente a altos dignatarios del régimen islamista imperante en Irán, desde la cual se habrían financiado las operaciones terroristas organizadas por los sicarios del integrismo homicida de los ayatollás, unas 450 a caballo de las décadas de los 80 y 90. Una cuenta desde la cual se habría también pagado una coima de 10 millones de dólares a Carlos Menem, según dijo para que no se responsabilizara a Irán de la demolición sangrienta de la AMIA.
En febrero de 2003 Junod envió una delegación policial a Alemania para interrogarlo. ¿Pudo “C” localizar el banco? No se sabe. ¿Le llevaron fotos o videos de las fachadas de los bancos susceptibles para que procediera a señalarlo? Tampoco se sabe. ¿Por qué no lo trajeron a Ginebra cuando él ofrecía guiar a los magistrados en el dédalo urbano? A la luz de otras revelaciones efectuadas por el testigo “C”, que hacen a su oscuro pasado en esta ciudad durante los años ´80, como se puede leer en su resumen biográfico que se acompaña, es posible imaginar una respuesta.
Por lo pronto, el juez Galeano parece decidido a terminar con este episodio pues acaba de exigir por vía diplomática que Suiza le de una respuesta. No solo sobre el testimonio de Mesbahi. También sobre su requerimiento de que se investigue si un banco puede ser el indicado por el testigo “C”. Galeano se refiere al Banco Degroof-Luxemburgo, domiciliado en el radio trazado por el ex-agente iraní en derredor del Hotel du Rhône. Es factible que Galeano se lleve dos sorpresas. Si son ciertas las declaraciones efectuadas por Claude Roessli, el portavoz del banco,”aquí no hay cuentas de funcionarios iraníes ni de Menem”, subrayando que la juez Junod nunca tomó contacto con ellos. “Nosotros seguimos este asunto por la prensa”, abrevió por teléfono a este cronista hace ya varios días. Y colgó.
