En este nuevo encuentro en Washington se encontraban presentes, por Memoria Activa, Diana Malamud, Adriana Reisfeld y el abogado de memoria Activa, Pablo Miguel Jacoby; Gastón Chillier y Diego Morales, por el CELS; por el Estado argentino, el Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, embajador Horacio Méndez Carreras, el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rodolfo Aurelio Mattarollo, y la directora nacional de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Andrea Gualde.
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvieron el Comisionado Florentín Meléndez, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Secretario Ejecutivo de la misma, Santiago Canton, y Elizabeth Abi-Mershed, especialista principal de la Comisión..
El organismo internacional plasmó la necesidad de marcar un cronograma, en un plazo máximo de 30 días, parta que el gobierno argentino informe cuánto demorará en cumplir con los compromisos que firmó cuando aceptó -dos años atrás- su responsabilidad en el encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.
La intimación, plasmada en un acta de cierre de la reunión, incluye la obligación del Estado de «fijar un cronograma» para cumplir con medidas reclamadas por los familiares de las víctimas agrupadas en Memoria Activa, y aún pendientes, como «la puesta en marcha del plan de contigencia» ante emergencias y completar «la digitalización de las fichas migratorias a cargo de la Secretaría de Inteligencia» (ex SIDE).
Dos años atrás, la comitiva oficial reconoció que el Estado había incurrido en «denegación de justicia», ante la concreta falta de avances en la investigación.
«Estamos convencidos de que el presidente Kirchner quiere que se esclarezca la masacre ocurrida en la AMIA y éste es uno de los motivos por los que estamos aquí», se preocupó en aclarar Malamud a pesar de todo, quien renovó sus críticas contra el gobierno de Carlos Menem y reclamó que se cumpla con los compromisos asumidos por el gobierno de Néstor Kirchner.
Memoria Activa
El siguiente es el texto leído ante la Comisión por Diana Malamud, en nombre de Memoria Activa:
Señores Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA:
No se imaginan la cantidad de veces que modificamos estas palabras que vamos a pronunciar.
Cuando fuimos notificados de esta reunión de trabajo no entendíamos, dado los resultados negativos de la reunión en diciembre en Buenos Aires, con qué objeto se nos convocaba a esta nueva reunión de trabajo en Washington.
Hace una semana, fuimos informados por la Cancillería, que habían solicitado esta reunión porque los representantes del Estado iban a presentar avances concretos, entre ellos el convenio firmado con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca del Plan de Contingencia, con su cronograma de implementación en todo el país.
También nos adelantaron de la elevación al Congreso del Proyecto de Ley reparatoria para las víctimas del atentado y sus familiares.
Queremos dejar constancia que esta parte no acordó con el texto ni con el procedimiento de falta de consulta previa, tal como se había convenido.
Increíble y lamentable. Por un lado parece que la dinámica de los funcionarios del Estado es aparentar avances una semana antes de cada reunión de trabajo ante esta Comisión. Y más lamentable aún es que hayan traído sólo las intenciones, muchos papeles y nada concreto nuevamente.
No somos necios y lo único que queremos es que el Estado cumpla con sus compromisos.
Hasta la semana pasada los únicos hechos importantes informados en los últimos seis meses fueron:
1) El representante de la Cancillería Dr. Méndez Carreras, en la reunión de diciembre de 2006, presentó una nota del Ministro de Justicia Dr. Iribarne en la cual informa que su Ministerio retira el anteproyecto de modificación de la Ley de Inteligencia por considerar “innecesario” su tratamiento. Cabe recordar que dicha elevación era uno de los puntos del acta de compromiso del estado. Para colmo el Estado sabía del retiro del anteproyecto antes de la reunión realizada aquí en Washington en octubre de 2006 y lo ocultó, para recién expresarlo en el mes de diciembre en Buenos Aires cuando nos visitó esta Comisión.
2) Dos dictámenes sobre el tema gastos y costas. Uno impugnatorio de la Secretaría de Derechos Humanos firmado por la Dra. Gualde y otro de la Procuración General de la Nación expresando por el momento su imposibilidad para expedirse al respecto.
Si consideramos que los compromisos a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, eran los puntos más sencillos de cumplir en tiempo y forma, y a lo largo de dos años no pudieron concretarse, vemos con mayor dificultad la posibilidad de que puedan resolverse en esta instancia los puntos de mayor complejidad.
Sabemos que el atentado en la AMIA ocurrió durante el gobierno menemista y no le hemos pedido a este gobierno que haga lo que Menem no hizo, sino que haga lo que el propio Presidente Kirchner se comprometió ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y plasmó en un decreto presidencial.
Nosotros hemos perdido mucho y sabemos que no somos los únicos en el mundo.
Pero los que amamos y fueron asesinados en AMIA, sin explicación y sin justicia, eran únicos para nosotros.
Sabemos que ésta no es la única lucha ni el único caso, pero es nuestra lucha y es nuestro caso. Y no estamos dispuestos a que una vez más las promesas se esfumen. Por eso exhortamos al Estado y a los funcionarios que lo representan a garantizar la eficacia de la gestión de cumplimiento.
Cuando aceptamos iniciar este proceso es porque estábamos convencidos de que el Estado tenía todos los recursos para cumplir con los compromisos que propusieron y aún lo estamos.
Estamos convencidos que el Presidente Kirchner quiere que se esclarezca la masacre en la AMIA y éste es uno de los motivos por los que estamos aquí, porque creemos en los compromisos asumidos en el Decreto Presidencial 812/05, pero también creemos que los mismos deben plasmarse en hechos concretos y efectivos.
Aún no tenemos en la mayoría de los puntos comprometidos por el Estado más que papeles con promesas. El primer paso es firmarlos pero después hay que implementarlos. Y todos somos testigos de la falta de avances en que nos encontramos hoy, dos años después de marzo de 2005.
13 años después no sabemos quiénes y cómo hicieron estallar la bomba que mató a nuestros familiares. Por ahora sabemos de los autores intelectuales, hecho plasmado en los pedidos de captura.
Hoy podemos afirmar que algunos de los laberintos de la impunidad en la justicia argentina siguen intactos.
Los últimos hechos públicos que cuestionaron la actuación del fiscal adjunto en la causa principal AMIA pone nuevamente de manifiesto los enormes y oscuros intereses que 13 años después siguen ensuciando la investigación del asesinato de nuestros familiares y amigos.
En consecuencia, y ante la falta de reacción de la Procuración General de la Nación y de la Fiscalía Especial AMIA para resguardar la investigación, MEMORIA ACTIVA ha debido tomar nuevamente la iniciativa y solicitar se nombre a dos nuevos Fiscales para que se sumen a la tarea que lleva adelante la Fiscalía a cargo del Dr. Alberto Nisman. Instamos al Estado a que concrete a la brevedad este requerimiento.
13 años después, producto de la actuación del Tribunal Oral Federal Nº 3 y de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, podemos señalar judicialmente algunos nombres de quienes hicieron todo lo posible para que no se investigara la causa AMIA.
Sin embargo, la causa del encubrimiento del atentado a pesar de algunos esfuerzos del Juez Lijo y de la Cámara de Apelaciones que se formó, avanza lentamente, prueba de ello es que nadie -después de casi tres años de pronunciada la sentencia del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3-, ha sido juzgado ni cumple una condena por haber encubierto y cometido un sinfín de delitos al respecto.
Nuestros familiares eran gente común, tenían vida y se las quitaron. Tenían tiempo y se los robaron. Para nosotros eran especiales e irremplazables.
Nosotros aquí somos sus representantes. Y es por todo esto y en memoria de ellos que no tuvieron tiempo, que esta parte considera inadecuado que una vez más debamos retirarnos de una reunión de trabajo aceptando por respuesta que los funcionarios que representan al Estado no tienen ninguna facultad para fijar plazos para el cumplimiento de cada uno de los puntos.
Esta parte le solicita a la Comisión que en esta misma reunión se fijen los plazos para dar cumplimiento a cada uno de los puntos del Decreto Presidencial, o convoque a instancias gubernamentales con poder de decisión a una próxima reunión para que esta causa no termine sepultada bajo los escombros de la impunidad al igual que nuestros muertos.
MEMORIA ACTIVA
Washington, DC.
5 de marzo de 2007
