Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006
La decisión política del gobierno de Kirchner, sostenida por los gobiernos de Estados Unidos e Israel, de impulsar la condena y el aislamiento internacional de Irán escudados en la “causa AMIA”, terminó provocando un escándalo de alcance internacional y una crisis entre los funcionarios de gobierno, que deja en un lejano segundo plano cualquier intento del Estado nacional y de sus socios internacionales por mostrar algún interés o seriedad en su declamada voluntad de esclarecer la masacre impune de la AMIA.
Esta crisis estalló pocas horas después de que el ministro Alberto Fernández diera por superada una etapa y reivindicara lo actuado, diciendo que “se abre una nueva instancia… en base a una investigación que lleva muchos años” (TELAM 11-11-06).
Al hacer propio este dictado de política internacional, el ministro Fernández reivindicó los argumentos de Menem (“dejemos que la justicia actúe”) y la política de Duhalde, Toma y Galeano expresada en el informe de la SIDE que sirvió de base para el dictamen Nisman y la reinserción argentina en la comunidad internacional tras la crisis del 2001. Así terminaron por provocar una crisis política de gobierno, entre aquellos funcionarios que reivindican al re-podrido sistema judicial argentino como si se tratara de “asuntos internos” (Taiana) de aquellos otros que también defienden a Kirchner, pero critican los “asuntos externos” como si se tratara de un gobierno soberano interesado en “esclarecer y sancionar a los culpables por el atentado” (Carta pública de D’Elía, 13/11/06).
“Se abre una nueva instancia” -dijo Fernández- sin haber superado la vergüenza nacional que él mismo dijo que significó la masacre de la AMIA y su encubrimiento. El gobierno Kirchner es el que deliberadamente busca cerrar cualquier posibilidad de investigación, en medio de los aplausos de Bush, de la Embajada israelí y del mismo Comité Judío Americano que lo alentó a “cerrar este episodio trágico de la historia argentina” (La Nación 14-11-06).
APEMIA denunció que el dictamen Nisman, basado en documentos que mantiene en secreto, no avanza un milímetro en esclarecer nada…
Peor aún: evita deliberadamente investigar las declaraciones públicas que realizó un ex director del FBI -ratificadas ante el Parlamento y la Procuración de Brasil- denunciando que el atentado a la AMIA se organizó en Brasil (“Carta Capital”, entrevista a Carlos Costa, 19/03/2003).
Tampoco explica cómo es que el Estado nacional sabía en febrero de 1993 que se produciría un atentado, SEIS MESES ANTES de la fecha en que supuestamente fue decidido (Informe entregado por el ex Comisario Palacios).
Mientras el gobierno nacional sigue ocultando los archivos en los que funda sus acusaciones los medios de prensa han dado cuenta de la amenaza del gobierno de Irán de publicar documentación secreta obrante en su poder que, junto al pedido de captura de Galeano y Nisman, hablan de la intención de Irán de encontrar una salida negociada con el gobierno nacional al tema de la “conexión internacional”. Tanta documentación secreta sumada a la existente en Brasil, Estados Unidos e Israel, es la mejor evidencia de que a ningún Estado le interesa abrir sus propios archivos para conocer la verdad de lo que ocurrió con la masacre de la AMIA.
APEMIA se dirige a todas las organizaciones populares y vuelve a reclamar con insistencia: exijamos la inmediata apertura de los archivos secretos que Kirchner y sus socios internacionales mantienen en secreto y su entrega a una Comisión Investigadora Independiente, como única perspectiva seria y responsable para esclarecer éste crimen del Terrorismo de Estado y lograr juicio y castigo para todos los culpables.
