Nisman preparó un escrito a la medida de las exigencias de los gobiernos de Estados Unidos, Israel y de las organizaciones del lobby judeo-americano, que desde hace meses vienen exigiendo poner la causa AMIA al servicio de la guerra y de la condena internacional al régimen iraní.
El dictamen no está motivado en la búsqueda de la verdad ni en investigación alguna de la Fiscalía.
“En líneas generales, las razones que habilitan la formulación de este dictamen” -afirma en su escrito-responden a las sugerencias de INTERPOL, para quienes “únicamente nuevas órdenes de detención, firmadas por un juez diferente y basadas en un re-examen de la prueba…” justificarían nuevas capturas internacionales (Ver Dictamen, pág. 12).
En un capítulo especial de su dictamen, el fiscal se toma el trabajo de defender el carácter secreto de las pruebas de origen espurio aportadas por los Servicios de Inteligencia nacionales e internacionales, para fundamentar las supuestas acusaciones.
Nisman parece desconocer que esta misma razón llevó a los jueces del Tribunal Oral a declarar nula buena parte de las acusaciones que el propio fiscal Nisman instruyó para la llamada “causa AMIA” y que terminara con la libertad de todos los imputados.
El Dictamen es parte de los intentos que, desde el Poder Judicial, se vienen haciendo para rearmar al Estado con una nueva interpretación jurídico-política que, en este caso, legitime los “principios” y acciones ilegales de sus propios servicios de inteligencia y seguridad.
¡Por eso Bush felicita al gobierno de Kirchner! En su propio país, Bush no puede acusar a nadie sin mostrar las pruebas.
Pero más grave aún: Nisman oculta la verdad… y las pruebas.
El Fiscal se cree muy efectivo al denunciar, con información secreta, que el atentado fue planificado por altas autoridades de Teherán el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní de Mashad, ocultando lo que sabemos desde hace años: el equipo de tareas del F.B.I. y agencias del gobierno argentino informaron que autoridades brasileñas, israelíes y argentinas, en Brasil, recibieron el primer aviso de la bomba seis meses antes, en febrero de 1993.
La declaración de los fiscales tiene un contenido político inequívoco y cuenta con el respaldo de sus mentores. Lo menos importante del anuncio es del orden de lo jurídico.
Mientras el gobierno argentino reconoció que la causa AMIA marcha hacia su prescripción, Nisman busca liquidar formalmente la conexión local para terminar de exculpar al Estado Argentino por su responsabilidad criminal en la masacre de nuestros familiares en la AMIA. Su afirmación acerca de que el trabajo de la fiscalía “se encuentra más cerca del final que del principio” (TELAM 26/10/06) es una verdadera falta de respeto.
Por todo ésto, A.P.E.M.I.A. exige la renuncia del Fiscal Nisman y la entrega inmediata de la documentación secreta en la cual funda su dictamen, para que una Comisión Independiente analice las responsabilidades del Estado argentino y los otros Estados cómplices en el atentado.
¡Que abran los archivos secretos! ¡Que se vaya Nisman!
