Siete años después de iniciada la causa por las irregularidades cometidas en la investigación por la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA y al borde de la prescripción de los delitos, el juez Lijo ordenó el procesamiento de Anzorreguy, Galeano y cía, sin mandar preso a ninguno.
“Estos procesamientos son tardíos, no constituyen ningún avance y están muy por detrás del fallo del Tribunal Oral que afirmó que Galeano cometió delitos ‘para satisfacer los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos’. Lijo se cuida de hacer una acusación por lo que es más que evidente: el “complot” entre los funcionarios de los tres poderes y el principal imputado en el atentado a la AMIA”, declaró Laura Ginsberg.
“Si Galeano y los fiscales acordaron el pago con Telleldín; si Anzorreguy proveyó el dinero y los agentes de la SIDE Pfinnen y Brousson lo entregaron, estamos frente a una asociación ilícita entre el Estado y el principal imputado en la voladura de la AMIA”, sostuvo Laura Ginsberg.
Aunque Lijo identifica a Anzorreguy como “autor” y a los demás como “cómplices”, evita deliberadamente esta acusación con el objeto de relativizar y reducir la responsabilidad de estos delincuentes.
“El juez Lijo hace un ‘dibujo jurídico’ para ocultar que la dirección de esos delitos fue obra de los responsables del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Comete los mismos delitos por los que Kirchner ya pidió perdón y reconoció como responsabilidad del Estado (Decreto 812 de julio de 2005): encubrimiento agravado y denegación de justicia”, agregó L. Ginsberg.
Sin investigación, sin procesados ni condenados por la masacre de la AMIA, las maniobras de Lijo son presentadas como parte de la voluntad presidencial de “lucha por el esclarecimiento y castigo a los culpables”, expresada ante la Asamblea de la ONU, donde Kirchner volvió a poner el tema AMIA en el altar de la lucha internacional contra el terrorismo.
Las diferencias que el gobierno pueda tener con las organizaciones del lobby judeo-americano buscan ser superadas con una nueva acusación a Hezbollah o Irán, que permita, por un lado, evitar responsabilizar al Estado nacional en esta masacre del Terrorismo de Estado y, por el otro, ayudar a imponer sanciones a Irán en Naciones Unidas. En este contexto, a estas organizaciones poco les importa los fuegos de artificio del juez Lijo o el supuesto “brote de antisemitismo” ya desvalorizado incluso por los propios denunciantes locales, DAIA-AMIA.
Los acuerdos que negocian darán nuevos argumentos al fiscal Nisman -compañero de los ahora procesados Mullen y Barbaccia- y vía libre para que pueda sostener las imputaciones contra Irán que hizo en el pasado siguiendo el camino de Galeano, el ex juez al que el gobierno simula investigar.
APEMIA denuncia estas maniobras y acuerdos “jurídicos” y políticos, nacionales e internacionales. Reclama la apertura de los archivos secretos que el Estado sigue ocultando y su entrega a una Comisión Independiente para investigar las responsabilidades políticas y criminales del Estado argentino y sus socios internacionales en la comisión de este crimen.
