“Seremos fascistas pero sabemos gobernar”. Una frase que no da lugar a dudas sobre la connotación política que de allí se desprende. Si uno se pone a pensar, podría suponer que son las palabras que podrían expresar algunos integrantes del Frente Nacional de Marine Le Pen, o algún familiar de Benito Mussolini que milite en Hermanos de Italia (formación fascista italiana) o algún integrante de Vox. Pero no, estas palabras las dijo el Alcalde de Madrid – José Luis Martínez Almeida – perteneciente al Partido Popular. Al escuchar esta frase uno se pregunta: ¿Por qué razón un partido que se jacta de ser defensor del sistema democrático no siente remordimiento por expresar esta frase? ¿Por qué razón es tan fácil decir este tipo de cosas y que no haya una indignación de su propia base electoral? ¿Qué ocurre en España para que esta acción sea normal en un país que se jacta de su sistema democrático?
En otros países de Europa, afirmar esta frase podría conllevar una acusación judicial, al hacer apología de una ideología genocida. Pero en España, pareciera ser que una buena parte de la sociedad no lo siente como algo grave. Por lo demás, estas palabras no son los únicos ejemplos de este inquietante problema: Madrid retiró calles con nombres de líderes republicanos para reemplazarlos por otros que existían durante el franquismo, se realizó una manifestación de carácter neonazi en las calles mientras cantaban frases homofóbicas, e incluso las autoridades locales cambiaron el nombre de la calle que recuerda el atentado del 11-M en los trenes de Atocha por el de “Caídos de la División Azul”. Para que algún desmemoriado recuerde, la división azul fue la fuerza de soldados españoles enviados por Franco a luchar en la URSS con Adolfo Hitler, mientras las SS llevaban a cabo el exterminio del pueblo judío en aquel país. ¿Se imaginan en Alemania calles en honor a los nazis?
España y sus problemas con la memoria histórica
Recién después de más de 40 años de la muerte de Franco y por la acción del gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez, se pudo exhumar los restos del Valle de los Caídos. Para quien no lo conoce, estamos hablando de un espacio construido con la sangre y sudor de prisioneros políticos y donde descansan los restos de muchos republicanos cuyas familias hoy en día están pidiendo excavar, para conocer si están sus seres queridos. Durante años ese lugar fue un santuario para la ultraderecha, cuyos exponentes cantaban el himno franquista y realizaban el saludo fascista. Y todavía se siguen investigando otros asuntos como el robo de bebes en plena dictadura pero no sin obstáculos colocados por el sistema político -judicial.
El asunto de la Memoria Histórica es un tema espinoso porque la actual democracia no fue obtenida producto de una derrota total del régimen sino de una transición donde el franquismo conservó porciones de poder. Recordemos que varios de los dirigentes del antiguo régimen franquista se reciclaron en fuerzas políticas de derecha, el más claro de estos fue el del antiguo ministro franquista Manuel Fraga Irribarne y que después terminara sus días como figura emblemática del Partido Popular. Cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo, el Poder Judicial lo quitó del camino mediante juicios que para el Comité de Derechos Humanos de la ONU fueron arbitrarios.
No obstante, pareciera ser que el problema de España con la memoria histórica lleva más años, ya que no solo se remite a los crímenes del franquismo. El 12 de octubre en la mayoría de los países de América representa un día en el que genera todo menos alegría. Sin embargo, en España se festeja el día con un desfile militar con concurrencia del público y donde las derechas (la democrática y la antidemocrática) reivindican con entusiasmo y sin ningún tipo de pudor la conquista de América. No solo lo reivindican sino que cada vez que se les enrostra los crímenes de la conquista ellos se burlan de quien se los echa en cara. Es lo que sucedió con José María Aznar, ex presidente español, quien durante una convención del Partido Popular se burló del apellido del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causando una gran indignación en su país. La presidenta de la Comunidad Autonómica de Madrid – Isabel Díaz Ayuso – ha tildado al indigenismo como “el nuevo comunismo” e incluso declaró que las misiones católicas llevaron “la libertad” a América. Hasta llegó a mostrar su disgusto con la carta realizada por el Papa Francisco donde pedía perdón por las acciones de la Iglesia durante la Conquista de América. Curioso es ver que integrantes de un partido con vinculaciones tan fuertes con la Iglesia ahora critiquen a la máxima autoridad de esa organización a nivel mundial.
Estos hechos nos muestran las limitaciones de la sociedad española para lidiar con el pasado. Hay fuerzas que parecen tener la voluntad de enfrentar los hechos del pasado como forma de superar los traumas. Otras que se aferran a tradiciones como si fueran dogmas religiosos que son imposibles de ser cuestionados. Y existen aquellos que les gustaría enfrentar la verdad pero que temen a las consecuencias que pueda ocasionar correr el velo de la conciencia de los españoles.
La lentitud con la que pueden avanzar en enfrentar la verdad histórica abre una serie de interrogantes de cara al futuro. ¿Hasta qué punto se puede avanzar cuando el pasado aún no ha sido procesado? ¿Cuánto tiempo más puede durar esta idea de hacer como si nada hubiera pasado? Pero la duda más importante es la siguiente: ¿Es posible confrontar los traumas con el actual orden político y social o será necesario cambiar la Constitución y el sistema político para que asuman la incómoda idea de que gran parte de las tradiciones e instituciones españolas se sostienen sobre crímenes infames?
