El Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán fue una mala idea. Desde el punto de vista político –aunque esa es una faceta opinable- pero especialmente desde el judicial. Difícilmente la iniciativa hubiera permitido esclarecer (en el caso que la tuvieran) la responsabilidad de los iraníes en el atentado contra la AMIA. Y si se hubiera demostrado que los iraníes no tenían responsabilidad con el episodio, más que una eventual inocencia lo que habría quedado plasmado en la sociedad sería una mezcla de sensaciones: incredulidad, duda, estupor, impunidad. Sobre todo impunidad.
Pero, siendo mala, la iniciativa del Memorando fue el último intento real y concreto por avanzar en la búsqueda de una respuesta. Fracasado ese intento, lo que sobrevino después sólo acentuó la quietud, el letargo y la falta de resultados. No hay avances; no puede haberlos.
Todo lo que pasó antes con la investigación del atentado fue cuanto menos turbio y, cuanto más, delictivo. Los resultados de los procesos que se desarrollaron hasta ahora son una muestra elocuente de ello.
Un somero recorrido
Un breve repaso del derrotero judicial sobre las causas vinculadas con el ataque de 1994 muestra que por el atentado en sí se mantienen bajo el formato de “alertas rojas” los pedidos de detención de los iraníes imputados. Está claro que los iraníes jamás viajarán a la Argentina para presentarse voluntariamente ante un tribunal local para ejercer su derecho de defensa. Y más allá del formalismo de Interpol, lo cierto es que no parece existir un afán internacional para producir las detenciones y extraditarlos a la Argentina.
El juicio por el encubrimiento está a la espera del fallo confirmatorio o no de la Cámara Federal de Casación Penal. Por el paso del tiempo, comienza a consolidarse una impunidad mesológica que se traduce, por ejemplo, en que Carlos Menem murió y Hugo Anzorreguy probablemente no vuelva a estar condiciones de afrontar lo que resta del proceso.
El juicio por la denominada “conexión local” también fracasó. Pero además, está virtualmente paralizada la investigación sobre Susana Spina, Carlos Alfredo Velazco, Javier De Gamas y José Pereyra, los ex secretarios del juez Juan José Galeano, y sobre el ex ministro del Interior Carlos Corach.
La causa está ahora en manos del juez Sebastián Ramos y la situación procesal de los imputados sigue demorada desde hace un lustro. Dos veces el juez Ariel Lijo sobreseyó a todos y en ambas la cámara lo corrigió y finalmente lo apartó.
Cuando los secretarios fueron sobreseídos, la agrupación Memoria Activa emitió un comunicado en el que explicó que los secretarios de Galeano “participaron de distintos actos procesales que permitieron llevar adelante las maniobras coordinadas por el juez. Incluso hay filmaciones y escuchas telefónicas que los involucran, como asimismo actas firmadas por ellos, cuya falsedad resulta a esta altura incontrovertible. Es a todas luces evidente que en soledad Galeano no podría haber desarrollado semejante emprendimiento delictivo. De tal manera, dichos funcionarios judiciales participaron en forma sistemática y alternadamente, de manera consciente, de distintos actos procesales que constituyeron, en conjunto, el emprendimiento delictivo que frustró la investigación del atentado terrorista a la AMIA”.
Los imputados esperan que se resuelva su situación procesal. El plazo “ordenatorio” después de la indagatoria es de diez días hábiles. Fueron indagados hace dos años y todavía no hay un auto de mérito.
Demorada también aparece la causa en la que están imputados el ex comisario Luis Vicat y la abogada Marta Parascándalo, a raíz de las supuestas “presiones ejercidas sobre los policías bonaerenses que estaban detenidos para que declaren falsamente en contra de Juan José Ribelli, como parte de una ‘maniobra global’ de encubrimiento”, según describió la página del Ministerio Público Fiscal.
El expediente fue elevado a juicio en marzo de 2017 y aún no tiene fecha de debate.
Por cualquiera de las vías que se analice lo que ocurrió en los tribunales argentinos desde el 18 de julio de 1994, la conclusión desemboca siempre en una carrera de obstáculos cada vez más difíciles de sortear (el principal, el paso del tiempo) en un camino que conduce hacia la nada.
* Periodista especializado en temas judiciales
