“En un condenable acto, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, denunció penalmente por calumnias al ex titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado de la AMIA, Alejandro Rúa. El motivo aparente habría sido una declaración periodística en el sentido de que con la llegada del nuevo ministro había habido una disminución en el avance del proceso investigador del atentado”.
“Es un gesto de claro amedrentamiento hacia los funcionarios públicos que puedan levantar la voz para expresar alguna disidencia o matiz diferenciador con la línea oficial. Y se trata de una contundente señal de que no se puede hablar con la prensa y mucho menos si se hace para expresar un punto de vista distinto del dictado por la máxima autoridad”.
“Rúa, que prestaba servicios en el Ministerio de Justicia, había sido propuesto para ocupar la recientemente creada Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. El 26 de febrero último, unos días antes de dejar la unidad AMIA y pasar en comisión de servicios a la cartera de Defensa, dijo en una entrevista con LA NACION, a modo de balance, que con la llegada de Iribarne «hubo un cambio de impulso» en la investigación del atentado. «No un cambio de rumbo -aclaró-, sino una disminución en el avance del proceso que realizábamos.» Se refería a la investigación de irregularidades judiciales en el caso de la voladura de la sede de la mutual judía. Dos días después, fue denunciado por calumnias en la justicia federal y se le dio de baja a su contrato en el Ministerio de Justicia, lo cual frustró su designación en el Ministerio de Defensa”.
“Las graves fallas durante la pesquisa y el proceso judicial llevados adelante desde el día del atentado, el 18 de julio de 1994, tanto como la insuficiente voluntad política para avanzar adecuadamente, han contribuido a que los autores del acto terrorista continúen en la impunidad. Pronto a cumplirse el 12° aniversario de ese brutal ataque contra el pueblo argentino, las fallas de la Justicia no hacen más que llenar de vergüenza a una sociedad que espera con ansias el esclarecimiento de ese abominable hecho.”
“Los argentinos somos testigos absortos de un suceso en el que aparecieron señales reveladoras de que en altos niveles de la conducción del Estado, durante los años 90, se habrían ejecutado maniobras dirigidas a ocultar lo sucedido y a desviar el curso de la investigación.”
“El impulso dado a la investigación por el gobierno de Néstor Kirchner para echar luz sobre esas irregularidades choca frontalmente con la actitud asumida por el ministro Iribarne. Cuando éste acusa en la Justicia a un funcionario porque hace una lectura de la realidad que puede contradecirlo, envía una señal ambigua sobre la verdadera posición del Estado en este delicado caso. Además, va a contrapelo de las tratativas que el mismo gobierno realiza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para eliminar los delitos de calumnias e injurias del Código Penal.”
“En la reunión de la CIDH en Washington, en marzo último, familiares y directivos de Memoria Activa y de organizaciones no gubernamentales denunciaron la existencia de políticas oficiales que demoran el desarrollo de las investigaciones del atentado contra la AMIA y de sus encubridores posteriores. Pero desvincularon de ello al presidente Kirchner, quien impulsó desde el Gobierno las investigaciones para dilucidar el papel del Estado y sus funcionarios en las irregularidades detectadas.”
“No se puede abusar de la autoridad para tomar represalias contra quien ejerce el derecho de opinión en la prensa. El ministro de Justicia podría dar marcha atrás con la denuncia penal y rever las medidas que cortaron la carrera de un funcionario cuyo trabajo ha permitido al Estado echar un poco de luz sobre uno de los capítulos más negros de la historia reciente”.
Advertencias y acoso
El despido y querella de la que fuera objeto Alejandro Rúa (por parte del ministro Alberto Iribarne) es un castigo a un funcionario que opina diferente a su jefe, y una clara advertencia a cualquier otro funcionario del Estado que dialogue con la prensa quienes deben cuidarse del qué hacer y qué decir.
Al respecto, en un artículo firmado por Jorge Elías, en la misma edición ‘La Nación’ advierte sobre “un ‘acoso’ del Gobierno a los periodistas”.
Elías comenta que el Freedom House “bajó la calificación” de la Argentina, que “ha caído del puesto 41°, en 2005, al 45°, en 2006” e indica los “latiguillos recurrentes contra medios de comunicación y periodistas”.
La nota indica que el director del Freedom House, Christopher Walker, advirtió que “se ejerce un ‘acoso’ que puede llevar a la autocensura” tema que se ve claramente reflejado en el intento de acallar a Alejandro Rúa, y que ahora, vuelve al tapete de los diarios.
