Iribarne informó que el pasado 1 de marzo el Presidente firmó el decreto por el cual estableció que la Secretaría de Política Criminal, bajo cuya órbita se encuentra la Unidad Especial de Investigaciones por la causa AMIA, se presente como querellante en la causa que investiga el juez Ariel Lijo (hecho anticipado por Nueva Sión).
Sergio Burstein, uno de los familiares presentes en el encuentro, destacó «la ratificación y el compromiso» del gobierno nacional de «agotar hasta las últimas instancias para conocer la verdad, sobre quienes fueron los responsables» del hecho.
Burstein dijo que resulta «sumamente importante» la presentación como querellante del gobierno en la causa que se investigan irregularidades del proceso, lo que marca «un compromiso en forma directa» del Poder Ejecutivo.
Luis Czyzewski, explicó que durante la reunión se planteó «la preocupación sobre el papel que va a jugar Argentina en el concierto internacional si se llega a demostrar la responsabilidad de Irán y el Hezbollah» en el atentado contra la AMIA.
Los representantes del grupo de Familiares y Amigos de las Víctimas (ligado al establishment de la comunidad en el juicio por la conexión local del atentado) sugirieron la creación de una comisión que revise toda la legislación nacional vigente vinculada a la lucha contra el terrorismo. Propuesta que fuera «aceptada por el gobierno y el Presidente dio la orden de que nos vinculemos con el Ministerio de Justicia para analizar y poner en marcha esta comisión, para la que vamos a proponer a distintas personalidades», explicó Czyzewski.
La capacidad de querellar que le adjudicaron a la UEI es la que le negaron, hace tan solo unos meses, al ahora ex titular de dicha dependencia, Alejandro Rúa.
