Los familiares de las víctimas nucleados en MEMORIA ACTIVA volvemos a sentarnos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por segunda vez desde que el Estado Argentino, el 4 de marzo de 2005, reconociera su responsabilidad por la violación de los derechos humanos en el caso AMIA.
Un año después de esa fecha, queremos recordar las palabras del Sr. Presidente de la Nación Argentina, Dr. Néstor Kirchner, el día 3 de marzo de 2005, cuando dijo: “Sufrimos lo que sufren los familiares más la vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver o no quiso o encubrió”.
Un año después, podemos afirmar con dolor y gran preocupación que esta vocación y compromiso del Presidente Kirchner no ha sido interpretada y efectivizada por las personas responsables de cada una de las áreas del Estado.
Queremos recordar que fue el Estado Argentino quien ofreció abrir un espacio de diálogo comprometiéndose a realizar acciones para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en la causa AMIA, así como a tomar medidas para que ningún argentino vuelva a sufrir lo que nos tocó padecer a nosotros.
El gobierno señaló, en esa oportunidad, la necesidad de que este atentado fuera objeto de una investigación plena, clara y transparente, y propuso 7 puntos que esta parte y la Comisión aceptamos.
Quisiéramos, un año después, analizar punto por punto lo actuado a fin de que se comprenda nuestro reconocimiento con lo realizado y nuestra exigencia por lo mucho que aún falta por hacer.
PUNTO 1:
Amplia difusión del reconocimiento de responsabilidad formulado precedentemente y, teniendo en cuenta la gravedad institucional que rodea el presente caso, la formalización de tal manifestación de voluntad a través de un decreto del poder ejecutivo nacional.
El 12 de julio de 2005 el Presidente de la Nación firmó el Decreto 812, que fue ampliamente difundido.
PUNTO 2:
Publicidad del informe Grossman
Este informe se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Justicia.
PUNTO 3:
Medidas de apoyo a la investigación lo que incluye:
3.a) Profundizar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal del Ministerio Público
3.b) Medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y el encubrimiento y las sanciones a los responsables.
El Estado Argentino ha proveído los recursos materiales y humanos a fin de que la Unidad Fiscal, a cargo del Dr. Nisman, pueda realizar la tarea de investigación que le delegó el juzgado instructor. Puso a disposición personal capacitado y también proveyó el sistema EXCALIBUR para el entrecruzamiento de llamados telefónicos.
Sin embargo, esta asignación de recursos no se ha traducido en avances significativos.
Se realizaron tareas de identificación del supuesto conductor de la camioneta Trafic que voló la AMIA. Pero cabe preguntarse:
¿Cuáles fueron los resultados de los estudios de ADN que la fiscalía anunció que realizaría para corroborar su identidad?
¿Cuál es el resultado de los entrecruzamientos telefónicos surgidos de esta pista?
¿Cuál es el avance en la identificación de la carrocería del coche bomba, y dónde se encontraban las casas seguras usadas por los terroristas en los días previos a la explosión?
¿Qué nuevas pistas de investigación se generaron y que resultados se obtuvieron?
Desde el año 2003 existían pedidos de capturas internacionales de sospechosos de haber participado en la masacre de AMIA pedidos por el ex Juez Galeano. Después de su destitución INTERPOL bajó las alertas.
¿Qué nueva prueba se generó para que después de 12 años se pueda, finalmente, solicitar con seriedad los pedidos de captura?
3.c) Fortalecimiento de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Lamentamos informar que hace una semana el Ministro de Justicia, Dr. Alberto Iribarne, le inició una querella criminal al Dr. Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad AMIA, por haberle dicho a un periodista que él consideraba que había disminuido el impulso en la investigación a partir de la gestión del Dr. Iribarne.
El Dr. Rúa motorizó, en representación del Estado, el histórico reconocimiento de responsabilidad realizado hace un año y durante su gestión encabezó con firmeza la actividad del Estado hacia el esclarecimiento de la masacre y el castigo a los encubridores. MEMORIA ACTIVA considera que la criminalización de un funcionario del Estado por criticar políticas oficiales sobre el desarrollo del caso AMIA, envía una señal equivocada hacia la comunidad internacional en relación con el compromiso del Estado y sobre todo hacia los actuales funcionarios que deben cumplir con el Decreto del Presidente Kirchner.
Un año después, nos encontramos con una Unidad encabezada interinamente por el Dr. Alejandro Slokar, Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, presente aquí en esta reunión.
El Estado Argentino decidió recién la semana pasada otorgar al Dr. Slokar, la facultad de querellante en la causa que investiga el encubrimiento, como un intento de jerarquizar el poder de la querella, a través del Decreto 229/06.
Reclamamos que en lo sucesivo la actividad del Estado para cumplir con los compromisos asumidos a través del decreto 812/2005 no tenga impulsos espasmódicos, sino que ratifique clara y eficazmente la voluntad expresada por el Presidente.
Queremos que del Dr. Slokar informe cuál es la estrategia que implementará la UNIDAD AMIA a partir de ahora. De qué manera se cumplirá con lo ordenado en la sentencia del Tribunal Oral, para enjuiciar a todos aquellos, (cito textual) “funcionarios y ex funcionarios del estado que tejieron los hilos de la impunidad para quedar libres de culpa y cargo y para que nunca lleguemos a la verdad”?
3.d) Profundización del proceso de relevamiento de archivos del Caso AMIA en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y fuerzas de seguridad.
La Unidad AMIA efectuó el relevamiento de los archivos que entregó la Secretaria de Inteligencia, pero consideramos que no se han agotado las acciones tendientes a ubicar mas archivos, por ejemplo aquellos que refieren al sector SALA PATRIA de la Secretaria de Inteligencia y que aún no han aparecido.
3.e) Extensión de las unidades de relevamiento a la Dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios.
Solicitamos que el Estado informe en esta reunión los avances en este punto, porque hasta el presente no hemos sido informados.
PUNTO 4:
Creación de una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas, como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, lo que incluye la elaboración de un plan de contingencia para casos de atentados.
A 14 años de la masacre en la Embajada de Israel, a casi 12 años de la masacre en AMIA y a un año del incendio de la Discoteca Cromagnón que provocó, por un lado la muerte de casi 200 personas y por otro la destitución del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; en la reunión previa a este viaje el Estado Argentino presentó un informe sobre las acciones llevadas a cabo en relación a la implementación de una unidad para la respuesta en caso de catástrofes.
De lo poco que pudimos entender de ese informe, el mismo aparenta ser sólo un material de trabajo, que además relata experiencias previas. Sorprende que en el mismo, pongan como ejemplo de su experiencia y conocimiento las tareas realizadas por los organismos oficiales en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.
Todos sabemos de la desidia y el mal desempeño que, en el mejor de los casos, hubo ante estas masacres, en las que no sólo no se salvaron vidas sino que además se perdieron todo tipo de pruebas. Esto fue reconocido por el propio Estado y fue uno de los puntos que dio inicio al proceso de solución amistosa.
En este punto queremos expresar que aún hoy nos encontramos en un estado de indefensión frente a una situación catastrófica de cualquier índole.
No somos expertos en este tema, pero creemos que el material es confuso y no surge de él ni el plan de contingencia ni su instrumentación. Por eso esperamos que en esta reunión el Estado informe con claridad que hará efectivamente al respecto.
Como es posible que un año después del compromiso asumido no se haya constituido una unidad eficaz especializada en catástrofes y recolección de pruebas?.
Porqué todo debe costarnos tanto esfuerzo a los familiares, si sólo se trata que el Estado cumpla con los compromisos que asumió.
Cuántas vidas más deben perderse para que el Estado finalmente elabore un plan de contingencia?
PUNTO 5:
Medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de:
a) Transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de inteligencia.
b) Facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo.
El 3 de mayo de 2005 el titular de la Oficina Anticorrupción Dr. Fleitas Ortiz de Rosas se comprometió a que antes de esta reunión el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto de Ley respecto de los puntos a) y b).
En la reunión del 30 de enero de 2006 se nos informó que dicho anteproyecto se encontraba a la firma del Ministro de Justicia, el Dr. Iribarne. Sin embargo recién la semana pasada, el Ministro ordenó recabar la opinión de agencias de inteligencia para poder luego enviarlo al Poder Ejecutivo.
También en este punto se ha perdido un año.
Solicitamos a esta Comisión que requiera del Estado informe los pasos concretos que dará a fin de proponer el debate parlamentario de la ley y cumplir su compromiso ante la OEA.
PUNTO 6:
Promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado.
Un año después, en la reunión celebrada entre las partes el 30 de enero de 2006, el Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, presentó un anteproyecto de ley reparatoria que esta a consideración de la Presidencia.
Tal como quedara expresa constancia, MEMORIA ACTIVA no aceptó discutir este punto en la mesa de solución amistosa, ya que considera que esta propuesta del estado debe discutirse con todas las víctimas y familiares de víctimas, no con MEMORIA ACTIVA.
PUNTO 7:
Sería también tema de discusión las cuestiones vinculadas con las costas en el proceso interno e internacional”
Las costas del proceso interno abarcan las regulaciones judiciales en las distintas causas tramitadas en el ámbito de los tribunales nacionales argentinos y las que corresponden por la actuación ante la CIDH, como así también los gastos incurridos por los peticionarios.
Acabamos de conocer por la prensa que el Procurador General del Tesoro ha suscripto un dictamen favorable para el pago de los honorarios devengados a favor de los letrados de los peticionarios en las causas internas y en la tramitada ante esta Comisión. Desearíamos contar con el texto del dictamen y asimismo pedimos se nos informe cuándo, cómo y dónde serán abonadas, ya que a un año de asumido este compromiso todavía no lo han hecho, ni se ha establecido el monto, ni tampoco la forma de pago.
Esto fue lo que ocurrió hasta el día de hoy, 8 de marzo, y es un ejemplo de las acciones y contradicciones del Estado.
Sabemos de la voluntad del Presidente Kirchner. Sabemos de la vergüenza que siente como argentino por la impunidad en la causa AMIA.
El Presidente dijo “en este país no tiene que haber ningún intocable” y en la causa AMIA no sólo hay demasiados intocables sino que no hay ningún condenado.
Esperamos que el equipo del Presidente comprenda que no se puede seguir demorando las acciones que emanan de los compromisos que asumió el Estado frente a los familiares, frente a esta Comisión y frente al pueblo argentino.
Reclamamos que se respete la voluntad del Presidente plasmada en el Decreto 812/05.
Señores Miembros de la CIDH: su compromiso con los derechos humanos, con la verdad y la justicia permitió un hecho histórico: el reconocimiento por parte del Estado Argentino de su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos sufridas por las víctimas del atentado y sus familiares.
Este hecho es significativo para la historia de nuestro país y es sin duda un referente emblemático para todo el continente.
La propuesta del Estado Argentino de constituir una mesa de diálogo para una solución amistosa, aceptada por todos nosotros el 4 de marzo de 2005 y que dio inicio a este proceso, es un punto de partida y no un punto de llegada.
Entendemos la complejidad que tiene para el estado instrumentar estos compromisos. Por eso le solicitamos a la Comisión que tenga un compromiso más activo con este proceso y que lo monitoree de cerca, para permitir avanzar y concretar los compromisos asumidos por el Estado Argentino.
Sería lamentable para todos que en la próxima reunión aquí en Washington volviéramos a encontrarnos con la misma impunidad.
Porque seguimos sin saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestros familiares.
Porque aún no hay ningún condenado por las maniobras de encubrimiento llevadas a cabo por funcionarios del Estado que impidieron llegar a la verdad y que se haga justicia.
Los familiares de las víctimas asesinadas hace casi 12 años en la AMIA solicitamos a la Comisión un mensaje claro para que el Estado Argentino cumpla con sus obligaciones, porque tal como expresó en su informe el observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en la causa AMIA, el Dr. Claudio Grossman: “hacer justicia no es una opción sino un deber”.
