Según la teoría política clásica, la democracia se podía definir como un método de generar decisiones políticas a partir del bien común y la voluntad popular. Se deja al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los representantes que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad. Aristóteles decía que la democracia era “el gobierno de los pobres”. Para el politólogo Giovanni Sartori, es un sistema político en donde el poder del pueblo se ejerce sobre el pueblo y éste se convierte al mismo tiempo en sujeto y objeto, dirigido a través de representantes emanados del propio pueblo.
En contraposición a estos pensamientos, aparece la crítica del economista y antropólogo austríaco Joseph Schumpeter, para quien la idea de bien común es inaceptable en democracia. Consideraba que las personas no solo tienen distintas preferencias sino que también distintos valores y que los individuos y los grupos rara vez comparten los mismos objetivos. Pero más aún, incluso aunque lo hagan, puede haber profundas discrepancias acerca del medio apropiado para conseguirlos. No existe congruencia universal ni en medios ni en fines. Por eso, Schumpeter argumentó que en las sociedades modernas, tan económica y culturalmente complejas, siempre habrá interpretaciones distintas del bien común. Existen desavenencias en cuestiones de principio las cuales no pueden resolverse apelando a una voluntad general universal. Es así que Schumpeter define al método democrático como aquel sistema basado en la lucha competitiva por el voto de los ciudadanos, del cual emergen las decisiones políticas. Según Schumpeter esta nueva visión de la democracia es mucho más realista. Esta concepción permite establecer una analogía entre la competencia por el liderazgo y la competencia económica, refleja la relación entre democracia y libertad individual —dado que la competición presupone libertad de expresión y de prensa — y señala un criterio de distinción entre gobiernos democráticos y autoritarios. Además, evita el problema de igualar la voluntad del pueblo con la voluntad de una mayoría de personas. Reconoce que el electorado tiene tanto la función de crear un gobierno como la de despedirlo, pero reduce a esto todo el control que pueda tener sobre ellos.
Con esa introducción teórica es posible entender lo que pasó durante esta década que ha pasado con la victoria de la ultraderecha en varios países del mundo. La población de Brasil, Estados Unidos, Francia, Israel, Dinamarca, Hungría, Austria, Polonia, Italia -solo por nombrar algunos países donde gobiernan fuerzas de esa orientación política o han obtenido importante cantidad de bancas- no es totalmente extremoderechista, sino que votó con un fuerte caudal de sufragios una fuerza –o un conjunto de fuerzas- y a opciones distintas a las tradicionales existentes en la democracia liberal, donde conservadores, liberales y socialdemócratas se han alternado en el poder político desde la extinción de los fascismos, populismos de derecha o dictaduras militares, muchas veces sin dar respuesta a las demandas sociales.
No es casual que donde la inmigración es un “problema” de orden público mediático, este tipo de partidos haya logrado penetrar con una “conciencia nacionalista” en un importante número de ciudadanos, dispuestos a evitar “que le quiten el trabajo, la casa, el auto, la carretera, que vayan al mismo colegio los hijos junto a los inmigrantes”, y que “los impuestos en lugar de ir para los locales subsidien a cualquiera”. El despliegue de consignas protofascistas en pleno siglo XXI parece olvidar lo ocurrido hace más de 70 años, donde se aniquilaba coterráneos simplemente por profesar otra religión, tener otro color de piel, ser descendiente o no adherir a un régimen político, y de las formas más crueles.
Las causas del avance de estas expresiones ultraderechistas son varias. La primera que se puede esbozar es el aumento de la inmigración en países con amplia apertura de fronteras y con estados presentes, pero con problemas estructurales no resueltos, como la presencia de importantes niveles de pobreza o el incremento en los últimos tiempos de estos, la creciente desocupación y el cierre de empresas y fábricas producto de la globalización con su correspondiente deslocalización hacia países con nulos derechos laborales y escasos controles e impuestos o el empobrecimiento del Estado de Bienestar junto a la caída del poder adquisitivo del salario en los últimos 30 años.
Los movimientos políticos de extrema derecha suelen nutrirse de la frustración social ante un deterioro en las condiciones de vida que es percibido como injusto e inexplicable, y frente al cual los partidos tradicionales no ofrecen respuesta. La segunda es el avance de expresiones religiosas o culturales extremistas en los grandes suburbios con una inyección generosa de recursos económicos y territoriales, avanzando en la creación de escuelas, centros religiosos, hospitales, comprando diarios y medios de comunicación, generando contenido cultural multimedia como películas o series televisivas, pero sobre todo, reviviendo el espíritu ultraconservador de familias religiosas, que pusieron el grito en el cielo por la obtención de derechos civiles como la identidad de género, el matrimonio o la unión civil igualitaria, la adopción para personas del mismo sexo, la eutanasia y el aborto legal, el divorcio, la educación sexual integral en la currícula escolar, la separación de las religiones y el Estado, quitando monumentos, estatuas, entre otras, de edificios y plazas públicas, de hospitales, medios de transporte, entre otras y fondos de asistencia. Y bajo un paraguas de ideas falsas, aunque sostenidas en el tiempo, de homogeneización cultural, bajo paradigmas racistas y supremacistas, amenazado por la globalización, el creciente multiculturalismo oficial derivado de los cambios demográficos y la supresión de los estándares de vida propios desde la segunda posguerra hasta incluso el día de hoy. Incluso, ya no se presentan con la caratula de “derechistas” sino que lo hacen bajo esloganes como “nacionalistas populistas”, “demócratas nacionalistas”, “partidos del pueblo conservador”, “republicanos nacionales”, entre otros.
Esto es derivado de la última cuestión a realzar de la aparición de estos partidos y es la dinamitación del sistema tradicional de partidos, donde la ideología quedó por detrás de proyectos personalistas que más tienen que ver con el mainstream político que busca eternizarse en el poder que de la búsqueda de la transformación de la cotidianeidad de ciudadanos y ciudadanas. Y las alianzas que van desde izquierda a derecha, pasando por el centro, muchas veces inexplicables de acuerdo a la matriz ideológica de cada movimiento político.
El freno a la ultraderecha en el mundo
En siete países de la Unión Europea gobierna la ultraderecha. Sólo en cuatro países (Malta, Luxemburgo, Portugal e Irlanda) la extrema derecha no tiene representación parlamentaria. En 23 de ellos, superan el 10% de los votos. En Estados Unidos gobierna el racista Donald Trump, en Brasil Jair Bolsonaro. En Rusia, junto al derechista Vladimir Putin, gobierna el xenófobo Vladímir Zhirinovski. En Israel, partidos ultranacionalistas forman parte de la coalición del centroderechista Likud, de Bibi Netanyahu. En Corea del Sur, Japón y Filipinas, los mandatarios tienen nulo interés por los derechos humanos de las personas y una elevada exacerbación del nacionalismo. En Medio Oriente y África hay decenas de jefes de Estado de esas características, que incluso avalan la tortura, el escarnio público y la pena de muerte.
Aquí algunos ejemplos de este freno a la ultraderecha, que se dan con mayor fuerza en Europa. Hace unos días se realizó el debate presidencial previo a las elecciones generales españolas del 10 de noviembre. Allí, los portavoces parlamentarios de las fuerzas políticas intercambiaron sus visiones acerca del futuro gobierno. El debate fue tenso, a punto tal que Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, le negó el saludo al portavoz del partido ultraderechista Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Fueron los únicos protagonistas que no se saludaron al acabar el debate. La respuesta de la formación vasca fue clara: la formación postfranquista los llama “racistas, quiere ilegalizarlos y suprimir las instituciones vascas, se consideran supremacistas, poseen un programa totalitario. En Europa, a esta gente se le hace un cordón sanitario y los partidos no se relacionan con ellos”. Y que los partidos fascistas no son demócratas, ni opciones democráticas, y que el crecimiento de estos es un avasallamiento a las libertades y derechos conseguidos.
En estos últimos dos años, las derechas sufrieron un importante cordón sanitario necesario. Es decir, un límite que no se puede pasar y que por fuerzas políticas o por luchas de movimientos ciudadanos, redujeron o suprimieron su accionar. Un caso para destacar es el ocurrido en Italia este año. La coalición de gobierno conformada por los partidos Lega (extrema derecha nacionalista) y el Movimiento Cinco Estrellas (populista atrapatodo), que venía fracturándose desde hace meses por su incompatibilidad ideológica, acabó en pedazos y sumió al país en la incertidumbre, logrando la renuncia del Primer Ministro, Giuseppe Conte, luego repuesto en el cargo por una nueva alianza parlamentaria.
La gota que rebasó el vaso cayó cuando el Parlamento debatió la construcción de un tren de alta velocidad entre Turín y Lyon. Aunque finalmente aprobó el proyecto, el M5E y Lega se enfrentaron duramente, y, de paso, dejaron en evidencia que su anómala coalición, que duró apenas 14 meses, no era viable. El M5E, ecologista y con tendencias euroescépticas, no se define como un partido, sino como “una libre asociación de ciudadanos”. Pese a que en sus inicios se identificaba con la izquierda, busca eliminar la dicotomía izquierda-derecha para abarcar un electorado más amplio. Lega de Matteo Salvini, un partido de extrema derecha de corte xenófobo, euroescéptico y nacionalista, ha sabido capturar la sensación de hastío de su base electoral con la clase política y con la Unión Europea. Salvini, con su carácter histriónico y su agenda mediática, ha eclipsado la figura del primer ministro Giuseppe Conte, el único dispuesto a terciar entre dos fuerzas que lo único que tenían en común era el euroescepticismo. A punto tal que antes de renunciar, Conte cargó duramente contra el líder de Lega por querer “llevárselo puesto, a él, a las instituciones, a la República y al parlamento.
Salvini es famoso por sus comentarios cargados de odio, que generan simpatía en sus votantes, en especial porque a Italia, por su ubicación, le ha tocado la peor parte de la crisis migratoria, llegando una gran cantidad de balsas y barcos legales e ilegales de Libia, Etiopía, entre otros. Ha dicho, por ejemplo, que promete “limpiar” al país de los migrantes, a quienes también se ha referido como “carne humana”. Con este personaje como Ministro del Interior, en pleno ascenso entre los italianos, más del sur que del norte, una gran cantidad de partidos políticos -el M5E, el Partido Democrático (centroizquierda), Italia Vive (centro) y Libres e Iguales (izquierda)- con representación parlamentaria, vieron la oportunidad en esa crisis política e impusieron un “cordón sanitario” a Lega y a Salvini, defendiendo al Primer Ministro Conte y logrando su segunda magistratura. Los planes de este nuevo gobierno son totalmente opuestos a lo propuesto por Salvini: crear corredores humanitarios de la Unión Europea para los migrantes que escapan de sus países y planes de integración, lucha contra la evasión fiscal con cárcel para los grandes evasores, reforma económica bancaria, cambios en las leyes de ciudadanía y cambios en la composición tributaria.
Después de casi una década de victorias consecutivas, con sólidas mayorías, el ultraderechista primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su partido, Fidesz, perdieron el control de Budapest, el corazón político y económico del país, y una decena de ciudades grandes en las elecciones municipales. La oposición, hasta ahora fragmentada y débil, se unió por primera vez y colocó candidaturas únicas en la capital y los principales núcleos urbanos. La estrategia funcionó, y su victoria supone una grieta considerable en el hasta ahora inquebrantable dominio de Orbán. La alianza amplia que va desde los verdes hasta los conservadores y se permitió escuchar la voz de una serie de protestas que sacaron a la calle a miles de personas contra una reforma laboral de Orbán a principios de este año, pero también contra el recorte de libertades y la deriva autoritaria del Ejecutivo. Desde que la ultraderecha llegó al poder en 2010, fue tomando el control de todas las instituciones y poderes independientes -los jueces, la prensa, organizaciones académicas-, acaparando un enorme poder que envuelve en una retórica ultranacionalista. El “cordón sanitario” funcionó perfectamente y parece que, por el momento, las elecciones de 2022 se disputarán nuevamente con todo el arco opositor unido para evitar la cercena de libertades individuales y colectivas.
En el parlamento europeo, los liberales y los verdes frenan la subida de la ultraderecha de Salvini y Le Pen. Los 751 escaños de dicha institución plurinacional se componen de 180 populares europeos (centroderecha), 146 socialdemócratas (centroizquierda), 109 liberales (centristas, desde más derecha hasta algunos con tendencias más cercanas a la izquierda como Demócratas 66 de Países Bajos), 69 verdes + proeuropeos (izquierda democrática más nacionalistas e independentistas), 39 del grupo de izquierda europea, 37 no alineados a grupos y los restantes pertenecen a la ultraderecha. Para frenar el avance de estos, se conformó una alianza de trabajo parlamentaria, que logró el 67% de la representación, formando un “cordón sanitario”, para evitar el parate que busca los grupos extremistas de derecha, en su mayoría, xenófobos, antiinmigrantes, contra los derechos civiles y liberales, conservadores religiosos. La idea de poder integrar a los migrantes o refugiados en la Unión Europea es uno de los acuerdos de esta alianza, la otra es la ayuda económica para los países más afectados por la crisis económica.
En Alemania, la canciller Angela Merkel solicitó a los miembros electos de su partido CDU (Unión Demócrata Cristiana) con posibilidades de formar gobierno, que no desarrollen coaliciones con la fuerza neonazi AfD (Alternativa por Alemania), priorizando selección de socialdemócratas (SPD), Verdes (Grunen), a los liberales FDP (Partido Democrático Libre) y hasta con el partido de izquierda, Die Linke. Esta idea es en el marco del “cordón sanitario” impuesto por las principales fuerzas a la ultraderecha, que en Alemania tuvo brotes anteriores como en la década del ’60, y en los 2000 la fuerza del Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD), obteniendo escaños en las elecciones regionales y un aumento de la popularidad. Eso le trajo críticas a Merkel dentro de su partido y una fuga masiva de votos, dirigidos a la ultraderecha, tratando a la mandataria de “débil” en su reacción frente al avance de la inmigración, así como la notoria reducción del Estado de Bienestar alemán en los últimos años. Sin embargo, pese a estos sucesos, el discurso público de la alianza CDU/CSU no se ha derechizado y si hubiera elecciones, posiblemente vuelva a tener la prioridad en formar gobierno, aunque esta vez junto a los verdes y los socialdemócratas como principal oposición, para encerrar a AfD a ser un partido con representación pero menor.
Las libertades individuales salvadas por la sociedad civil
Que existe una derecha extrema en el globo no significa que no existan límites a las fuerzas de la derecha liberal. Lo sucedido en Chile, Ecuador, Argentina, Francia, Reino Unido o Bélgica es una clara muestra que las reformas neoliberales que se buscan imponer serán enfrentadas por una sociedad movilizada que defiende sus derechos obtenidos. En países donde las libertades individuales y colectivas son amenazadas, como en Nicaragua, Rusia, Estados Unidos o Turquía la realidad tampoco es ajena y colectivos sociales, minorías organizadas y partidos opositores se manifiestan repudiando el avance en contra de los derechos humanos como la libertad de expresión, prensa y elección sexual, la protección de datos personales o la reducción de derechos sociales obtenidos como las pensiones, las licencias y la cobertura laboral. También los países donde la izquierda encabeza el Estado ve reflejada esta etapa poco quieta de la sociedad civil, como ocurre con Venezuela, Grecia o Nueva Zelanda, donde por distintos motivos, se generan repudios masivos ante injusticias o quita de beneficios realizados por los gobiernos.
Estos tiempos, donde la comunicación está puesta sobre el tapete por las fake news, también es válido considerar que en aquellos países donde sucedan movilizaciones importantes, dar a conocer lo que pasa es esperanzador para que aquellos pueblos que sientan que sufren injusticias, se motiven, sostiene un dirigente del partido pirata de República Checa. Y eso mismo puede suceder con el sufragio, donde en esta década, el globo en su mayoría se ha derechizado, aunque como nos ha mostrado Chile, la izquierda ha hecho caso omiso a reclamos históricos y cambios estructurales necesarios. Es esencial, entonces, movilizar a todo el arco político liberal en su conjunto para revitalizar a la democracia actual y superar estas instancias con mayor apertura hacia la población.
Golpe y represión en Bolivia
El caso de Bolivia no es menor ni está alejado de estas realidades. Antes de adentrar en el tema no menos importante que es el golpe de Estado, la sociedad se levantó contra una de las que creía era una de las injusticias más grande: la reforma constitucional para un nuevo mandato del presidente Evo Morales. Diversos investigadores entre los que se encuentra Damián Andrada, investigador de la Universidad Del Salvador y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina, que es experto en política boliviana, dijo que el problema de Morales fue una falla política por querer pasar por encima de la Constitución. “El problema puntual fue centrarse en la reelección, no respetar la constitución sancionada en 2009 ni el referéndum de 2016 (sobre su reelección) que perdió y no respetó”, le dijo a una radio local.
El famoso 21F de ese año le negó por primera vez, una victoria electoral al presidente boliviano desde el año 2005, elección tras elección con más del 50% de los votos a favor. Pese a ese referéndum, presentó un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) argumentando que el artículo 168 de la constitución reformada en 2009 violaba los derechos políticos y humanos del Presidente, sin olvidar que fue el propio Evo quien impulsó dicha reforma. Con un tribunal alineado, logró aprovechar esa situación para volver a postularse en 2019, pese a que, por primera vez en su historia como dirigente nacional, la imagen positiva se encontraba por debajo del 50%. El intento de perpetuación en el poder fue mal visto por una gran parte de la sociedad, pese a que los indicadores económicos y sociales eran más que buenos y el balance general de la gestión era positivo. Según la CEPAL, durante el periodo al mando de Evo, el PBI per cápita casi se cuadruplicó, la pobreza se redujo drásticamente y la disciplina fiscal fue realmente admirable. La sociedad se había quebrado entre los que apoyan al MAS y su gestión de gobierno y los que encontraban que otro mandato consecutivo era un límite que no había que superar.
Así como en el año 2016 diversas ONG convocaron a ir por el “NO” a un cuarto mandato, en el 2019 volvieron a movilizar a una parte de la población para pedir nuevas elecciones, dadas las sospechas que tenían sobre estos comicios, dadas las irregularidades mencionadas por partidos opositores y la OEA. Esta situación motivó a una derecha supremacista, antiindígena, urbana y vinculada a sectores religiosos a realizar un golpe de Estado, tomar el poder por la fuerza con la connivencia de las fuerzas militares y policiales, y hasta imponer una presidenta “autoproclamada”, gobernando por decretos sin validez, llegando a una cifra de casi 30 muertes como consecuencia de la represión en marchas o bloqueos en contra del nuevo gobierno. Los partidarios del MAS, el partido de Evo Morales, sostienen que se seguirán movilizando hasta lograr reponer al gobierno, pero aquellos que hayan votado al MAS o no, ya están pidiendo levantar las barricadas (muchos vecinos se han organizado y lo han hecho por su propia cuenta), los bloqueos y las movilizaciones, recuperar la paz, y, algunos, piden nuevas elecciones.
La población civil vive el día a día y entiende que si esta situación de regiones virtualmente “paradas” se extiende por un tiempo prolongado, las consecuencias para las familias podrían ser fatales. Los dirigentes del MAS que se han quedado en el país, vale aclarar que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera se estás asilados en México, se encuentran buscando el diálogo para llegar a buen puerto para nuevas elecciones, de las cuales no participarían los mandatarios con mandato vigente ni aquellos que tomaron el poder como consecuencia del golpe. La Central Obrera Boliviana (COB), afín a Evo Morales, pidió a las autoridades del gobierno de facto la abrogación del Decreto Supremo 4078, que da vía libre a los militares a reprimir con armas de fuego a las movilizaciones de la población, eximiéndolos de responsabilidades penales, entablar una mesa de diálogo con todos los sectores sociales en conflicto y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales con el fin de pacificar el país. Es importante el rol de las organizaciones sociales para salir de esta situación y convocar a elecciones nuevamente lo más rápido posible, sostienen de ambos lados del mostrador político, pero que no puede haber condiciones personales a la hora de llegar a estos acuerdos.
Es vital, entonces, alimentar el rol de la sociedad civil como garante de libertades individuales y colectivas, en tiempos donde los gobiernos sucumben ante la embriaguez de poder o resisten tiránicamente al frente del Estado, donde los poderes económicos buscan su máxima ganancia a costa del sufrimiento de los que menos tienen o donde los cambios surgidos de diversos flancos corrompen el estilo de vida de la población.
