Se cumplió un mes desde que jóvenes estudiantes llamaron a evadir el Trasporte Público Metropolitano en Santiago de Chile. Lo que partió siendo una ruptura que según algunos solo fue expresión de una entendible “pulsión juvenil”, terminó cuestionando el modelo político, social y económico del país. Varios millones de personas en la calle, cifras escandalosas de personas con sus ojos dañados por balines policiales, muertes, detenciones ilegales, entre otros muchos abusos, dejó en evidencia a un Gobierno sin capacidad de respuesta y un sistema político tremendamente cuestionado.
Pero, asimismo, logró, aun con niveles de una violencia social pocas veces vista, que el Parlamento -derecha incluida- acordase proponer un mecanismo que posibilita que después de 39 años exista una consulta plebiscitaria que, de ganarse, podría significar el fin de la Constitución impuesta en la dictadura pinochetista y la participación directa de la ciudadanía en su redacción.
Se trata de un acuerdo parlamentario que modificaría la pétrea Constitución actual, permitiendo por primera vez la existencia de un plebiscito de entrada que recogerá la opinión ciudadana en torno a dos cuestiones. La primera, si es que se aprueba o se rechaza la generación de una nueva Constitución; y la segunda, se consultará sobre el mecanismo para conformar el cuerpo constituyente que se abocaría a la tarea de su redacción.
Las lecturas de este acuerdo son diversas.
Primero existe una fuerte desconfianza de que aquello se trate en realidad de una propuesta que busca desarticular al movimiento y resucitar a un sistema político bastante moribundo. Por otra parte, también han surgido quienes subrayan la llamada “letra chica”, expresada en que los quórums considerados en la instancia constituyente facilitan el veto de un 1/3 de los asambleístas, poniendo en cuestión, según dichas voces, la posibilidad de conformar un cuerpo normativo que nos permita avanzar en sociedades más equitativas. Del mismo modo se critica, con razón, la dificultad para la participación de independientes y la no garantía de la existencia de un colegio constituyente con igualdad de género y presencia de representantes de pueblos originarios.
Pero así también se comienzan a escuchar a aquellas otras voces, las que con el pretexto del desprestigio de lo político, señalan que no vale pensar en una Constitución, y que los problemas urgentes y cotidianos no se resuelven con una ley. Dicen esas voces que con constituciones no se alimenta a los niños. Pero al mismo tiempo, de ese mismo mundo se comienza a articular una campaña convocando al voto “Rechazo” como respuesta para la pregunta sobre una nueva Constitución. Y así, tras el cuestionamiento a lo político, se acentúa el individualismo y se logra finalmente mantener la actual Normativa Básica. Lamentablemente el discurso de la “a-política” ha permeado también al mundo tradicionalmente progresista. En ello sin duda tienen una gran responsabilidad los partidos que tenían como función representarlos.
Por todo esto, la tarea de las fuerzas progresistas no es fácil. Se trata, por una parte, de continuar levantando las urgentes demandas sociales por la vía de una creciente, democrática, diversa y pacífica (por qué no) movilización social; y por otra parte, mantener la exigencia de justicia para la vulneración de los Derechos Humanos. Pero al mismo tiempo, se requiere entender que es ésta la oportunidad para obtener un cuerpo constitucional que al menos quiebre los cerrojos de la misma Constitución actual, y permita obtener un cuerpo normativo que de modo simple recoja las aspiraciones ciudadanas y sus derechos, y tenga la capacidad de adaptarse a los tiempos futuros.
Los cabildos ciudadanos, crecientes en número e iniciativas, son una recuperación del viejo espíritu barrial que otrora vistió de color las calles de nuestras ciudades. A partir de aquello, podremos avanzar en vidas más dignas en lo urgente y en un esquema constitucional que nos permita entendernos como hermanos.
* Expresidente del Centro Progresista Judío – Meretz Chile.
