¿Macricidio?

Desde hace un tiempo, algunos analistas políticos opositores definen a la gestión de Cambiemos como un “macricidio”, por sus tremendas consecuencias políticas, económicas y sociales. Si bien el término utilizado para definir esta gestión no responde con fidelidad a la categoría sociológica mencionada, que tiene su peso específico propio desde lo académico, habría que indagar cómo se debe nombrar a un gobierno que aplica políticas para beneficiar solamente a una minoría, dejando a las mayorías por fuera del sistema, con muertes por hambre y falta de medicación.
Por Darío Brenman

El sociólogo Daniel Feierstein, investigador y docente de la UBA y Director del Centro de Estudios sobre Genocidio de UNTREF, publicó hace varios años un texto de investigación donde daba cuenta de las etapas del genocidio para referirse al Holocausto judío. Fue un texto fundacional porque a partir de ese análisis se pudo trabajar con otros casos que se dieron en el mundo tanto en el pasado como en el presente.
Consultado sobre la dictadura militar argentina del ’76, Feierstein respondió que hay dos discusiones: una de orden jurídico y otra sociológica. Se refería a una línea de argumentación del juez Garzón, quien expresó en algún momento «que los hechos ocurridos en la Argentina constituyen genocidio. Primero porque implican la destrucción parcial de un grupo nacional, en este caso la sociedad argentina. Segundo, porque operan con una matriz religiosa: enfrentan a los enemigos de la occidentalidad cristiana. Además, la dictadura opera construyendo a la víctima de un modo racista y Garzón señaló que el racismo es siempre una construcción política, porque si no se viera de este modo, se plantearía, junto a los racistas, que existen razas».

Más allá de la categoría utilizada…
En una nota del sitio español “La Réplica”, titulada “El genocidio Neoliberal”, se explicita que “esos pocos que representan el poder económico mundial, son los representantes del ‘genocidio neoliberal’, que acumula once millones de muertos por hambrunas cada año mientras defiende salarios millonarios para unos cientos y patrimonios individuales superiores al PIB de muchos Estados. Los mismos que toleran que muchos niños mueran en la orilla del mar Mediterráneo al tiempo que te llaman ‘demagogo’ cuando publicas esas noticias”.
Para Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y militante por los Derechos Humanos, “el inciso C del artículo 2 de la ‘Convención para la Prevención y la sanción del delito de genocidio’, prevé castigo para el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial…». Es decir, que la «mala economía» o la economía capitalista neoliberal sería la causal de las condiciones de existencia que lleven a la extinción absoluta o relativa del grupo social agredido”.
Según los últimos datos disponibles sobre el crecimiento de la pobreza en Argentina, que son del segundo semestre de 2018, la misma subió al 32%; y pese a que el gobierno adelantó la actualización de todo el año de la AUH a marzo, los analistas no esperan que baje de ese nivel este año, no obstante podría contener los niveles de indigencia. Incluso estiman que la pobreza podría aumentar de la mano de la aceleración de la inflación y de la baja creación de empleo.
El dato doloroso es que casi la mitad de los niños es pobre, porque el 46,8% de los jóvenes hasta los 14 años está en esa condición. Como contracara, el 9% de los adultos mayores a los 65 años es pobre. La indigencia, en tanto, subió a 6,7% en el segundo semestre del año pasado, desde el 4,8% del año anterior. Todos estos datos no reflejan lo acontecido en la última devaluación.
Según Agustín Salvia, investigador del Observatorio de la UCA, “la pobreza ya supera el nivel que dejó el gobierno de Cristina Kirchner, en el tercer trimestre del 2015. Esto se debe a la crisis cambiaria y la persistente inflación sumado a un modelo económico que no se ha modificado y que sostiene la pobreza estructural”.
A toda esta situación hay que agregarle los denominados nuevos pobres en Argentina. Según la consultora Radar, “en los últimos 4 años cerraron cerca de 20 mil empresas, una cifra que no se evidenciaba desde las crisis de los años 2001 y 2002 con el estallido económico y social. Más precisamente, son 149.131 empresas y representan una baja del 3,4% desde 2015”.
El estudio, realizado en base a estadísticas de la AFIP, señala que los motivos fundamentales son la caída de la demanda interna, el aumento del costo financiero y la falta de previsibilidad para invertir. La consultora Radar destaca también que: “La cantidad de empresas del sector privado registra una caída sostenida durante toda la gestión (del gobierno de Mauricio Macri), con una notable aceleración en el último año”, y afirma que representa la mayor pérdida de empresa en los últimos 18 años. Esto hizo que la Argentina ganara “el mundial de la destrucción industrial”; un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX), que determinó que el desplome nacional fue el más importante del planeta. El descenso interanual argentino del 7,2% fue el más alto del mundo, superando a otras naciones en crisis, como Kazajistán, Jordania o Burundi.
En relación a la cantidad de comercios cerrados en los primeros cuatro meses de 2019, más de 7 mil bajaron las persianas en Capital Federal y los partidos del GBA, situación que llevó a que más de 28 mil personas perdieran el empleo en ese período, según detalló la agencia de noticias InfoGEI, de la ciudad de La Plata, en base a los resultados de la Encuesta Mensual Económica.
En cuanto al resto del país, según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina, unos 21.000 locales comerciales debieron cerrar. La entidad alerta sobre un panorama “muchísimo peor”.
A todo esto, había que agregarle el problema habitacional donde muchos sectores medios y bajos no pudieron hacerse cargo de sus alquileres por falta de empleo y terminaron viviendo en la calle en algún lugar de CABA o de Gran Buenos Aires.

Recortes en Educación
Por otra parte, según informes de observatorios y equipos de investigación en educación de la UNIPE, FFYL-UBA, CCC, Aula Abierta, UNDAV, UNQUI y UNGS, la educación perdió participación en el presupuesto nacional entre 2018 y 2019. Precisamente, bajó del 7,1% al 5,5%. La tendencia al descenso en esta participación se mantiene desde 2016, con una muy leve excepción en 2017. El presupuesto educativo del Estado nacional en 2019 será, en términos reales, un 17% más bajo que el de 2016 (de 122 mil millones a 101 mil millones). Como en este período la cantidad de estudiantes en todo el sistema educativo se incrementó en unos 500 mil, la inversión educativa real por alumno del Estado nacional en el período 2016-2019 habrá descendido más de un 20%. En 2019 se observa un descenso real del presupuesto universitario del orden del 10%, si se descuentan las partidas que no son comparables con el año 2018.
El presupuesto para ampliación de la jornada escolar se recorta a su décima parte en 2019, de $ 307 millones a $ 34 millones, amenazando gravemente el avance hacia el cumplimiento del Art. 28 de la Ley de Educación Nacional 26.206 sobre jornada extendida en primaria. El recorte también afecta gravemente las acciones de desarrollo de la infraestructura y el equipamiento escolar, de $ 9.200 millones en 2018 a $ 2.600 en 2019. La fuerte subejecución de las obras en 2018 es la forma en que se aplica una estrategia blanda de ajuste.
Otra cuestión relevante es la emergencia sanitaria de la que nadie habla en provincia de Buenos Aires. Recientemente, una fuente de un hospital de esa región, que pidió reserva de su nombre, señalaba que debió llamar tres veces a la Policía porque los pacientes que toman psicofármacos llegan con el síndrome de abstinencia a pedir su medicación y el nosocomio no la tiene porque la gobernación no las entrega, sobre todo a un municipio opositor político.
Otro caso preocupante es el de un paciente diabético que al no poder comer lo que debía de acuerdo a su enfermedad, llegó casi al borde del colapso al hospital. Esto sumado que se venía inyectando la insulina que tenía con la misma aguja durante tres meses y ya tenía la punta redondeada. Cuando se le pregunto a la misma fuente cómo puede suceder eso, respondió que tampoco desde la gobernación se están entregando jeringas y agujas.
Remitiéndonos a la categoría de genocidio planteada como pregunta al principio de esta nota, bien vale una anécdota para el cierre: en un diálogo con el entonces rector de la Universidad Torcuato Di Tella, formado en la Universidad de Chicago, en plena crisis de 2001, ante la pregunta “¿y ahora qué va a pasar” , respondía: “El tema es claro, el país no puede hacerse cargo ni darle de comer a todo el mundo, tiene que haber un proyecto para 5 millones de personas, unas 15 que estén sosteniéndose como puedan ( ejército de reserva). Pregunta: “¿Y el resto?”. Respuesta: manos para arriba en señal de no saber…

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