Después de casi cuatro años de juicio oral y público en el que están siendo juzgados por el encubrimiento y desvío de la investigación del Atentado a la AMIA altos responsables de los distintos poderes del Estado, después de quince años de la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº3 que declaró nula toda la causa y ordenó investigar a quienes habían estado a cargo de una investigación que había sido “una maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos”, después de casi veinticinco años del atentado, se acerca la sentencia de los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Parilli 
que pretenderá establecer las responsabilidades en el encubrimiento del destituido juez Juan José Galeano, el expresidente Carlos Saúl Menem, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el ex Secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex comisario Palacios, el expresidente de la DAIA Rubén Beraja, el último poseedor de la camioneta Traffic, Carlos Telleldín, su expareja Ana María Boragni, su ex abogado Víctor Stinfale, el ex comisario Carlos Castañeda, el exsubsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchezar, y el ex agente de la SIDE Patricio Finnen. ¿Esta larga lista de nombres puede generar alguna esperanza? ¿Podrá desviarse el camino que tomó la investigación en los últimos veinticinco años y aparecer una sentencia ejemplar que condene a los encubridores? Algo huele mal en Comodoro Py.
Lo que huele mal es el contexto en el que se desarrolló el juicio y en el que se escribirá la sentencia. El debate estuvo atravesado por presiones que socavan fácilmente la siempre mítica (pero tan publicitada) independencia del Poder Judicial. Las primeras audiencias del año pasado estuvieron marcadas por el escandaloso accionar de la querella que representa al Estado argentino en esta causa, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya un año antes, en marzo de 2017, se había conocido la renuncia de la abogada de dicha querella, Mariana Stilman (quien había llegado al cargo de la mano de Elisa Carrio), argumentando haber sufrido “presiones” por parte del ministro Germán Garavano que les impedirían ejercer el rol de querellantes “con libertad y probidad”.
Para febrero de 2018, al momento de los alegatos, se hizo pública una maniobra coherente con lo que había pasado el año anterior: el ministro de Justicia, poco tiempo antes de la lectura del alegato, ordenó separar al abogado de la querella del Estado Enrique Ventos (quien había reemplazado a Mariana Stilman tras su renuncia), que leería el alegato en el que se mantenía una línea acusatoria hacia imputados cercanos al gobierno. Los nombres de la polémica eran los de los ex fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por el delito de peculado por el pago de U$S400.000 dólares a Telleldín, y cercanos política y económicamente al actual gobierno de Mauricio Macri.
Y eso fue lo que sucedió: el alegato leído por los abogados autorizados “cumpliendo expresas instrucciones de las autoridades” sostuvieron que “no existe prueba que acredite de forma fehaciente que Mullen y Barbaccia hayan tenido conocimiento del pago”. Un alegato acusatorio transformado en una defensa de los acusados. Esta maniobra no sólo fue denunciada por los familiares de las víctimas; también Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, denunció al ministro de Justicia por no estar interesado en la búsqueda de la verdad y en proteger a los amigos del gobierno. Algo huele mal en Comodoro Py.
También parecen sacadas de la cloaca las palabras finales de los acusados, que las vienen pronunciando los imputados, con pocas limitaciones por parte del Tribunal, desde diciembre del año pasado. Rubén Beraja fue uno de los primeros en hacer uso de este derecho, pidiendo su absolución presentándose como “una víctima torturada y luego perseguida por el propio torturador”. La estrategia de la victimización fue también utilizada por otros acusados. Los ex fiscales, con el aguante de una tribuna plagada de miembros de la cofradía judicial, del propio asesor del Ministro de Justicia y miembros de la dirigencia comunitaria judía, se presentaron como víctimas de 
un complot político y de campañas sucias de algunos familiares de las víctimas que lograron instalar mentiras en los medios de comunicación.Los familiares de las víctimas, principalmente Memoria Activa, jamás pudieron responder en el marco del debate los agravios que sufrieron a lo largo de todo el juicio. ¿Qué sentencia puede esperarse de un Tribunal que permitió estos agravios y agresiones a lo largo de todo el juicio y no otorgó los derechos a réplica a los familiares de las víctimas? ¿Quiénes realmente tuvieron la voz en el juicio? ¿Otra vez el Estado acallando a las víctimas? Algo huele mal en Comodoro Py.
En vísperas de la sentencia, no es mi especialidad hacer futurología, pero el contexto ayuda a pensar en un final podrido y anunciado. ¿Podrán y querrán los jueces salir de la cloaca de Comodoro Py? ¿O a ella pertenecen?
