En los últimos días se ha vivido otra innecesaria conmoción en ámbitos comunitarios con vastas repercusiones mediáticas y políticas.
¿Otra? Lamentablemente, la sucesión de hechos de esta índole comienza a transformarse en una secuencia.
¿Innecesaria? Tal vez sí, pues en escenarios de mayor madurez dirigencial no sucederían. O, tal vez, no. Porque logran exponer las carencias de una dirigencia y la brecha con una comunidad que se encuentra absolutamente segmentada, y sin miras de hurgar en la mancomunión. ¿Qué sucedió?
Se dio a publicidad una nota que enviara la Comisión Directiva de AMIA a la Comisión Directiva de DAIA en relación a la querella por el juicio que se sigue a la ex Presidente y miembros que integraran su gobierno por la firma del conocido Memorándum con Irán.
¿Qué es lo que está en juego en todo esto?
Por un lado, el rol de las Instituciones centrales de nuestra Comunidad, las que fueron víctimas directas del atentado.
El punto de conflicto en este caso es si nuestras instituciones tienen que querellar o no a las autoridades gubernamentales de nuestro país ante una decisión política, que en el caso del Memorándum con Irán, involucra y hace eje en la política exterior de un gobierno y del Estado al que representa en la arena internacional. Y, si en este caso, guardaba directa relación con la búsqueda de la verdad, o eventualmente no (la verdad judicial aún no ha sido pronunciada), ante el mayor atentado de envergadura antisemita ocurrido en nuestro país, que este año cumpliría veinticinco años, sin avizorarse ningún resultado esclarecedor y determinativo de responsabilidades.
Lo que se ha visto es al Presidente de la AMIA y sus literales adláteres de Comisión Directiva, reclamando no solo por vía escrita, sino a través de los medios que la DAIA no prosiga con la querella por la firma del Memorándum con Irán. Aquí se cruzan varias cuestiones, como saber cuál fue el objetivo real de tamaña movida política, cuando nos referimos, precisamente, a una persona con vasta formación y amplia experiencia política. El que escribe, conoció precisamente al mismo en ejercicio de funciones políticas.
¿Por qué sostengo que se cruzan varias cuestiones?
Bien, por un lado, se le cuestiona al Dr. Zbar la difusión de una carta producto de una resolución de la Comisión Directiva de AMIA, que había sido firmada por el Vicepresidente primero y el Secretario General, sin dudas con su anuencia y, no dudo impulso, y que ya llevaba, por lo menos, diez días de entregada.
¿Qué hizo detonar esa reacción? Personalmente no me resulta aún claro, pero sí me atrevo a analizar alguna de sus consecuencias.
Es necesario resaltar que la AMIA no es parte querellante en esta causa; y que la real conducción de la misma, allí donde anida el poder ideológico e incluso electoral, reside en una Yeshiva, la que entiendo quiere dedicarse exclusivamente a su faz, que es fundamentalmente religiosa y educativa, solo dentro de su órbita; prioritariamente dirigida a los judíos definidos como ortodoxos, pero también manteniendo importantes tareas dirigidas a la comunidad –en los límites que ellos conciben-, como lo es el área social y la bolsa de trabajo. Ese factor preponderante de poder, por sobre todo, quiere guardar un bajo perfil en todo lo que tenga que ver con actuación política extracomunitaria, lo que ha propugnado de modo coherente en sus estilos de conducción.
Justamente, teniendo en cuenta la impronta señalada de ese poder real es que algunos nos sorprendimos ante la designación de Zbar como Presidente; concibiendo dicha designación como la determinación del candidato a ser votado en elecciones institucionales de cariz participativo y democrático. Precisamente el Dr. Zbar, contaba con innegable actuación política previa, en las lides nacionales, y más allá de cualquier eventual compromiso, sin dudas le sería muy difícil que pudiera abstenerse y evitar elevar su propio perfil. Se dice que los políticos, son, una “raza” aparte, o cuento menos, una raza con fuste.
Ello fue sucediendo, con distintas formas y modalidades, a lo largo de una malograda gestión, hasta llegar a lo sucedido hace pocos días. Malograda, pues el Dr. Zbar se ha visto obligado a solicitar un llamativo licenciamiento por tiempo indeterminado; sin conocer la verdadera capacidad para llevar adelante la gestión de una institución de tanta envergadura de sus compañeros de comisión; a quienes denominé adláteres previamente, por su presunta falta de cuestionamiento al proceder del Dr. Zbar que catapultara su licencia; incluso, hincando la soga de la misma al suscribir la cuestionada nota en su ausencia (¿deliberadamente?)
Competencia entre instituciones
Otra cuestión a atender, es que desde hace un significativo margen de tiempo venimos observando una ácida competencia entre instituciones madres de nuestra Kehilá, como institucionalmente lo son la DAIA, AMIA y OSA, colindante con la ferocidad ocasional, tratando de ir más allá de sus incumbencias naturales, políticas e históricas; lo cual se denota en las inexplicables invasiones en sus esferas de trabajo. Ello, afectando irresponsable y gravemente el imprescindible principio de unidad en la acción de nuestra comunidad.
En el caso que aquí nos ocupa, la intervención hizo evidente la necesidad del Dr. Zbar de ocupar el centro de un escenario; y de alguna forma, abrigar un afán de constituirse en líder de la Comunidad Judía de la Argentina.-
¿O se vio impelido? En tal caso, esa hipótesis no se supera a sí misma hasta la presente nota.
En cuanto a la exteriorización, o no, de la mentada “nota”, entiendo se juegan otras cuestiones. Nótese cuan curiosa es nuestra idiosincrasia que pasamos a denominar con sustantivos a situaciones anómalas e identificarlas de por sí, como si fueran únicos: “nota”, “memorándum”, “atentado”, etc.
¿Qué sopesó con mayor gravitación en la decisión del Presidente de la A.M.I.A. en este caso, la ética de la responsabilidad o sus propias convicciones personales? Es entonces que me pregunto si quien preside una institución tan importante tiene el derecho de expresarse y de permitir trascender una nota de este tipo sin medir las consecuencias de sus actos. Entiendo que de ningún modo; y si ello sucede, debe remediarse y no reivindicarse.
¿Puede un Presidente en el ejercicio de sus funciones actuar individualmente cuando está representando a la misma institución y a sus socios, que constituyen en el imaginario colectivo a gran parte de la Comunidad Judía? El argumento no admite doble mirada cuando estamos hablando de un tema tan delicado como lo son todas las derivaciones de este gravísimo atentado, no esclarecido. No puede, concluyentemente.
Se podría decir que evidentemente el motivo enunciado en “la nota” era una decisión orgánica e institucional porque fue aprobada y comunicada por la Comisión Directiva de AMIA, del mismo modo formal en que lo fue el “Memorándum” al atravesar la vía parlamentaria. Esto fue así porque debería haber habido concordancia entre el dirigente máximo del BUR y el Presidente actualmente en uso de licencia. No se ha conocido que hayan existido vetos a tal resolución.
Pero, ¿qué llevó a que dicha nota trascendiera al público a través de la prensa comunitaria; ya sea filtrándose o no evitando su hermeticidad por la naturaleza de la cuestión? Sobremanera, debiendo ser irrefutable conocedor de su inevitable repercusión, sin medir las consecuencias en todos los sentidos que tendría y tuvo; las que entiendo incluso, le han costado al día de hoy el ejercicio del cargo.
Judicializar decisiones políticas
Más allá de las razones en este no explicado proceder, el fondo de la cuestión sería determinar si nuestras instituciones comunitarias tienen el deber o la atribución de querellar a autoridades políticas que obran precisamente en la arena política e institucional; y más aún, si son judicializables las decisiones políticas.
A criterio del suscripto, la DAIA a través de su conducción de entonces, ingresó por la ventana de la querella en la causa del Memorándum en aras de afianzar una relación de estrecho vinculo de empatía política con el Gobierno de signo actual de la Nación.
Pero, además, se trata de un tema complejo y ciertamente farragoso, porque el Memorándum, como he dicho, fue ratificado por el Congreso de la Nación, en un trámite deliberadamente veloz (recuerdo que un alto parlamentario con mandato directivo de Cámara no se contrarió públicamente porque el Congreso obrara como una fiel escribanía de las decisiones enviadas por el Poder Ejecutivo en el anterior gobierno para su “consideración”). Ello, dado que el Gobierno Nacional de entonces, de signo político diferente al actual, gozaba de mayoría parlamentaria en ambas Cámaras. Es decir, el Gobierno entonces encabezado por la Dra. Fernandez de Kirchner y el Frente para la Victoria, aprobó dicho Memorándum merced a sus propios legisladores cuantitativamente mayoritarios; sin procurar explorar realmente un consenso con los otros partidos y sectores sociales, aun a sabiendas de las resistencias generadas, los cambios de opinión, dudas y la magnitud de lo que se estaba poniendo en juego; y a la vez tratándose de un tratado internacional. Por todo esto, podría decir que este tratado contaba con la legalidad formal otorgada por la ratificación por parte del Congreso Nacional, pero carecía de legitimidad intrínseca, ya que el mismo fue declarado inconstitucional, un año y medio después, por el propio Poder Judicial. Allí el juego de poderes y contrapesos de un Estado democrático y republicano.
Esta situación en la faz comunitaria ha disparado reacciones de calibre llamativo y hasta paradójico. Desde críticas a la postura adoptada por el Dr. Zbar de solicitar la renuncia a la querella de la D.A.I.A.; deslindando otros su contenido mediante la vía del silencio y repudiando solo su exteriorización. En ambos casos, nadie busca ser socio del fracaso; y, cuanto menos, un nuevo escenario permite la aparición de actores que debieron asumir un rol secundario por su reserva con las políticas de gobierno institucional y alianzas. Alguna vez, recuerdo haber escuchado en mi adolescencia (quien escribe ha superado ya las cinco décadas) que una ex Presidente constitucional mencionaba, con la amargura empírica de la sapiencia que sospecho no surgía de su dudosa formación intelectual, que cuando el colchón se hallaba deteriorado, hasta las chinches se convertían en pulgas. Cuanto menos, no considero que hoy puedan ser seriamente consideradas las críticas a la gestión encabezada por el B.U.R. de quienes han participado en la misma. En la política, como en la vida, la autocrítica es una actitud sana, en la medida que no se mida con oportunismos.
Por otro lado hemos visto que quienes simpatizaban con el anterior gobierno procreador del Memorándum, ya sea individual como sectorialmente, consideraron reivindicadas sus posiciones y se autoproclamaron a sí mismos, desagraviados, pregonándolo en algún caso hasta con cierto clamor de revancha; lo cual comprendo se nutre de todos los procesos judiciales que afrontan numerosos dirigentes de su simpatía tras el paso de la función pública durante y después de más de una década.
Se procuró evidenciar, desde estos últimos sectores, que incluso la actitud y argumentos esgrimidos por el Dr. Zbar constituían señales indiscutibles de una denuncia sin sustento en su tránsito por una vía muerta. Para ello, entiendo, la Justicia republicana cuenta con la penúltima palabra; no la última, pues ella pertenece a la Memoria Colectiva, a la cual se procura manipular e inducir, siempre interesadamente.
La grieta, siempre la grieta
No se ha producido una grieta en este caso, sino que se ha traído a “la grieta” misma al terreno en disputa entre las facciones políticas que la zanjan; en aras de réditos directos e indirectos para los hipotéticos contrincantes. El déficit solo abreva en la verdad, que deja de ser ya en ese caso, importante.
Esa “grieta” (otro sustantivo con rodaje propio) carece de escrúpulos y es campo fértil para introducir teorías conspirativas, tesis e hipótesis que prohíjan pregones de revancha con anclaje peligroso en sectores desconocedores de las verdades y maleables a los oportunismos. La salud del otrora canciller Hector Timerman como elemento de confrontación, expone a las claras esa manipulación miserable de la realidad; pues no existe ni es factible de concebir a la naturaleza de la enfermedad que padeciera y lo llevara a la muerte una cuestión unicausal, y no existen ni pueden existir pruebas irrefutables de ello. Pero, más allá del valor o cuestionabilidad de su intervención –sobre la cual no me expediré en el presente-, lo más grave ha sido la utilización hasta el aguzamiento del dolor de una persona, su familia y entorno cercano, para llevar agua a molino propio. Considero que ello es y será una falta de respeto hacia la persona y memoria de Hector Timerman.
Toda exageración y exacerbación no solo apunta al cuerpo de la verdad, sino también al de la pluralidad y al derecho a pensar distinto. En ello reside la diatriba de la responsabilización sin fundamentos que puedan ser debidamente aseverados.
¿Que queda de todo esto?
En principio, hay nueva conducción de DAIA, que adoptó una posición mesurada ante la aparición de la nota; y que viéndose aún condicionada por las reacciones generadas por su vista a la luz pública, asumió un compromiso de llevar una posición independiente del Gobierno de turno y de todo signo político. El devenir de los hechos y aconteceres dirán si ello es así; y es lógico que la duda subsista, en orden a los antecedentes, intereses y condiciones dirigenciales que mayoritariamente componen el mundo de la comunidad judía de la República Argentina, no ajena sino inmersa a la propia y ardua realidad argentina.
Entiendo que “la nota”, el proceder del Dr. Agustín Zbar y sus perniciosos efectos, ha favorecido y fortalecido a aquellos sectores que ardorosamente sostienen la permanencia del dejar las cosas del modo y en el estado en que vienen siendo llevadas, con alto impacto en la denominada “calle judía”; lo cual nos expone a que toda opción distinta, hasta su mera consideración y análisis, puedan ser y sean rotulados como claudicación o traición.
Para superar ello, no solo es y será menester la presencia de dirigentes de valía, que respondan a los intereses de la verdad como el mayor beneficio para sus representados, con criterio de oportunidad, pero con valentía y decisión para afrontar las decisiones a adoptar, siempre de cara a la gente y, por qué no, con una renuncia siempre a disposición. Nadie es ni puede considerarse indispensable; más si aquellos que obran con buena fe, sensibilidad, valentía y desinterés personal resultan imprescindibles. La comunidad judía y su entramado institucional debe impulsarlos y sostenerlos. Un camino difícil de transitar, para una sociedad en crisis.
El Memorándum en sí, sus motivaciones y derivaciones, su veloz ratificación y la falta de ésta última por parte de la Republica de Irán; más allá de ser declarado inconstitucional; ha dejado de ser eje central del debate. Tal vez sea mejor así, y deba ser un Poder Judicial independiente quien determine la verdad material de la cuestión. Mi pregunta es si el actual lo será y estará a la altura de las circunstancias.
Debemos pensar en el dudoso beneficio colectivo de los personalismos; esa necesidad que se torna perversa de contar con presencia mediática y virtual para convalidarse y trascender; pretendiendo dar a entender que “la institución soy yo”, conducen a incurrir en gravísimos errores que llevan a finalizar sus gestiones de modo temprano y previo a la conclusión estatutaria de los mandatos conferidos, incluso con el rubor del escándalo; dejando a las mismas instituciones debilitadas hasta el planteo de orfandad en su legitimación; agravando incluso más la propia crisis de representación de nuestra comunidad.
No hay un único remedio para ello, pero es necesario generar el ámbito para el desarrollo del debate profundo y serio –en toda su dimensión- sobre la misión y sentido direccional actual de cada una de nuestras instituciones comunitarias, que se refleje en una adecuación estatutaria no impuesta por mayorías circunstanciales, sino en y por consenso. Lo he sostenido siempre, y mucho más en los últimos tiempos; el diálogo no es una herramienta ni una alternativa, debe ser una política de estado que no claudique ante la acción, que debe ser consecuencia del mismo.
No será con cortoplacismos y obtención de ventajas personales como se reedificará la comunión de nuestra, vaya término, comunidad judía.
¿Quiénes lo demandan? Todos los judíos comunes y corrientes; que somos todos los que nos consideramos como tales y somos o habitamos la República
