Finalmente, el juez Claudio Bonadío ordenó hoy -18 de mayo- más de una treintena de indagatorias que comenzarán el próximo 30 de mayo y terminarían recién el 11 de agosto próximo.
Las fuentes precisaron que uno de los últimos lugares de la lista cronológica de los imputados lo ocupa el juez Juan José Galeano, suspendido de su cargo por el Consejo de la Magistratura y quien -para esa fecha- ya podría haber sido destituido de su cargo.
«Galeano es el más complicado, porque se le imputan una veintena de hechos que configurarían más de media docena de delitos», dijeron las fuentes que precisaron que en esa lista de involucrados el juez está secundado por los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes renunciaron a sus cargos sobre el final del juicio oral por la conexión local del atentado.
Tan involucrados como ellos aparecerían en la causa los secretarios que estuvieron en el juzgado de Galeano Susana Spina, Javier de Gamas -detenido por falso testimonio en el juicio oral-, Carlos Velazco, Agustín Gamboa y José Pereyra.
Hugo Anzorreguy -el jefe de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem- encabeza la lista de espías del organismo de inteligencia que deberá dar explicaciones por el delito de «peculado».
Junto a Anzorreguy también están el ex vicesecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchezar; y los ex líderes de la central de espías del sector Sala Patria Patricio Pfinnen y su jefe, el mayor (R) Alejandro Brousson.
Durante tres años de proceso, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) ventiló la larga serie de irregularidades que se cometieron en el caso que se inició el 18 de julio de 1994, cuando una bomba mató a 86 personas en la sede de Pasteur 633.
Entre ellas, se destacó el pago de 400 mil dólares por parte de la SIDE al reducidor de autos Carlos Telleldín para que declarara y acusara a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba.
En septiembre pasado, el TOF 3 absolvió a Telleldín y a los cuatro policías acusados de la masacre, y denunció los delitos que habrían cometido Galeano, Anzorreguy y el ex ministro del Interior del menemismo, Carlos Corach, por ese pago «oscuro e ilegal» salido de las arcas del Estado.
Esas denuncias -que incluyeron a más involucrados- se anexaron a la investigación abierta en el juzgado de Bonadío, tras las denuncias del ex prosecretario de la causa Claudio Lifchitz, quien ahora pasó de ser denunciante a imputado porque su nombre figura en la lista de indagatorias, dijeron las fuentes.
Los primeros que serán llamados son tres agentes que están vinculados al acta en la que quedó asentado el secuestro del motor de la camioneta Trafic, la cual -se determinó en el juicio oral- fue falsificada.
También se citó a indagatoria al abogado Gustavo Semorile, quien representaba a Telleldín durante un supuesto apriete en su contra por parte de la Policía Bonaerense y terminó convirtiéndose en testigo de identidad reservada del caso.
Telleldín, su mujer Ana Boragni y su abogado Victor Stinfale quedaron, además, imputados en el marco del dinero que habrían recibido en julio de 1996, en ocasión cercana de cumplirse el segundo aniversario del atentado, para que el reducidor de autos cambiara su declaración en la causa.
Por esa operación también fue vinculado como presunto sospechoso el periodista Román Lejman, quien había sido contactado para escribir el libro en el que Telleldín contara la versión de los aprietes policiales.
A la lista se añade, entre otros, el ex comisario Luis Vicat, quien comandó el «Área Especial Causa AMIA» en la Policía Bonaerense tras la conmoción generada con la detención de varios de sus hombres en el caso.
