Kirchner firmó el decreto 284 ratificando «la voluntad del gobierno nacional para contribuir con las investigaciones destinadas al total esclarecimiento» de los atentados cometidos en 1992 en la Embajada de Israel, y 1994 en la sede de la AMIA.
El Presidente solicitó, de este modo, a los organismos dependientes del Estado Nacional, que «atiendan los requerimientos que efectúe la Unidad Especial de Investigación» a cargo de Alejandro Rúa.
Esta acción política procura «facilitar la labor jurisdiccional» de la Unidad Especial, para lo cual la faculta a constituir en cualquier dependencia «las Unidades de Relevación de información que resulten necesarias en procura de la obtención de elementos de interés para el avance de las pesquisas».
Kirchner ya había ordenado que toda la documentación sobre el atentado a la AMIA que estuviera en la SIDE fuera entregada a la Unidad Fiscal de la causa AMIA cuyo titular, Alberto Nisman, recibió unas 60 carpetas con información desde el mismo día del ataque; también, el año pasado, el Gobierno había levantado el secreto de Estado que pesaba sobre los investigadores de la SIDE de modo que pudieran declarar en el juicio oral que se llevó adelante por el atentado.
