Memoria Activa

Texto de la ponencia en la CIDH

A continuación damos a conocer el texto íntegro de la ponencia que la agrupación Memoria Activa llevó a la reunión en la Corte Interamericana por los Derechos Humanos de la OEA. El mismo fue presentado por sus dos máximas dirigentes, Adriana Reisfeld, Presidente, y Diana Malamud, Secretaria de la organización, en compañía de sus abogados, los doctores Zuppi y Pablo Jacoby, acompañados por autoridades del CELS el CEJIL.

El lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, en el centro mismo de la Ciudad de Buenos Aires, una poderosa bomba voló el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, provocando muerte y destrucción.
85 muertos, entre ellos Andrés Malamud, quien fuera mi esposo y padre de mis 2 hijas y Noemí Reisfeld, hermana de Adriana aquí presente, y más de 300 heridos e innumerables familias destruidas.
Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, un atentado de similares características había volado la Embajada de Israel en nuestro país, dejando un número hasta hoy indeterminado de muertos y heridos.
Ninguna investigación seria se llevó a cabo para encontrar a los culpables y nada se hizo para prevenir futuras masacres, violando el estado argentino el deber de prevención para con sus ciudadanos.
Los familiares y amigos de los muertos en AMIA comenzamos a hacer lo que nadie haría por nosotros, por nuestros muertos y por nuestras familias; encarnando una lucha por verdad y justicia nos agrupamos en MEMORIA ACTIVA y cada lunes por la mañana, durante estos 10 años, nos paramos pacíficamente frente al Palacio de Justicia para expresar nuestro reclamo.
Aún no tenemos respuestas. Aún no tenemos verdad y aún no tenemos justicia. Violando el Estado Argentino el deber de otorgarnos justicia.
Llevamos más de 10 años enfrentándonos, en soledad, a asesinos sin nombre, a vivir con la vulnerabilidad que trae la falta de seguridad.
La causa AMIA no tiene un solo preso real y los únicos culpables que conocemos pertenecen o pertenecieron a los tres poderes del estado argentino.
Los familiares llevamos más de 10 años condenados, postergando nuestras vidas en pos de desenmascarar una justicia corrupta, adicta al poder e inoperante.
No sólo soportamos la muerte, soportamos también la impunidad. Nos arrancaron a nuestros familiares y nos robaron la posibilidad de un futuro para nuestros hijos.
Era el Estado el responsable de brindarnos protección y a cambio de eso conocimos la muerte.
Era la justicia la encargada de llegar a la verdad y a cambio de eso sus funcionarios se dedicaron a armar una causa en connivencia con los gobiernos de turno.
La impunidad que ha reinado en nuestro país ha sido ni más ni menos que una política de estado.
De acuerdo a las ultimas manifestaciones en la prensa, el Estado Argentino esta admitiendo públicamente el fracaso en la causa AMIA. Para nosotros este fracaso era claro desde el mismo día de la masacre.
El Estado Argentino ha fracasado en brindar prevención y no se ha hecho cargo de su fracaso.
El Estado Argentino ha fracasado en su obligación de impartir justicia y no se ha hecho cargo de su fracaso.
Ninguna admisión de fracaso podrá jamás reparar las pérdidas y el dolor.
Toda nuestra lucha por un futuro mejor no habrá servido de nada si el Estado Argentino no recibe la sanción que le cabe por este fracaso.
Ya no caben dudas a partir de la sentencia del Tribunal Oral en octubre de 2004, en la que queda claro que fue el mismo Estado el que tejió los hilos de la impunidad para quedar libre de culpa y cargo y para que jamás lleguemos a la verdad.
Es por ello que MEMORIA ACTIVA le pide a esta Comisión que admita nuestra causa.
Porque 10 años después no es suficiente la admisión de un fracaso. Los estados deben tomar conciencia de sus acciones y deben hacerse cargo de las mismas. Ya no alcanzan las palabras y los gestos.
El Estado argentino debe ser sancionado por no haber cumplido con sus responsabilidades.
Como ciudadanos argentinos estamos ejercitando nuestros derechos, y nos avergüenza y duele haber tenido que llegar a esta instancia, pero no fuimos nosotros los que elegimos tanta impunidad. Y estamos convencidos que esta sanción redundará en beneficio del futuro de todos los argentinos.
Esta sanción cumplirá la función educativa y ejemplificadora que hace a la vigencia de los derechos humanos y que esta Comisión se propone velar.

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