La resolución fue tomada esta mañana, miércoles 9 de febrero, por 16 votos contra 1 durante un plenario celebrado por el cuerpo en el Palacio de Tribunales.
En el Consejo de la Magistratura votaron por la suspensión y el «jury» los consejeros Eduardo Orio, Luis Pereira Duarte, Beinusz Smukler, Juan Mínguez, Marcela Rodríguez, Marcelo Kiper, Juan Geminiani, Humberto Quiroga Lavié, Joaquín Da Rocha, Carlos Prades, Victoria Pérez Tognola, Ricardo Gómez Diez, Lino Palacio, Jorge Yoma, Leyla Chaya y Juan Pichetto.
El consejero Abel Cornejo votó por postergar la decisión sobre el enjuiciamiento y suspensión de Galeano hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal resolviera los recursos contra el fallo del Tribunal Oral Federal número 3 que anuló la causa por el atentado y absolvió a todos los imputados.
La diputada Rodríguez, una de las firmantes del dictamen acusatorio, consideró al resultado de la votación como «una señal muy fuerte» contra Galeano, por su desempeño como instructor de la pesquisa por el ataque a la AMIA.
Smukler y Yoma coincidieron en que «se respetó el derecho de defensa» de Galeano, en cambio el juez, en el sumario por el atentado «violó las garantías del debido proceso», afirmó Smukler.
Da Rocha subrayó que las «irregularidades» cometidas por Galeano «frustraron la investigación de los hechos más horrendos que debió soportar la Nación» y calificó de «deleznables» los supuestos pactos que el magistrado habría celebrado con imputados y algunos querellantes.
La acusación aprobada tiene 13 cargos en contra de Galeano. Entre ellos el pago «clandestino e ilegal» de 400.000 dólares al ex imputado Carlos Telleldín para que incriminara a oficiales de la policía bonaerense.
Completan el dictamen acusatorio la apertura de legajos paralelos de investigación, secretos para ciertas partes del proceso; entrevistas tildadas de anormales con Telleldín y algunos de los querellantes, destrucción de medios de prueba y presunta coacción a testigos.
También se le atribuye el arresto y tortura de un imputado, la falta de resguardo en la conservación de pruebas, la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas, la manipulación de medios de prueba y el abandono de la investigación con relación a determinados hechos.
Galeano estuvo a cargo de la causa por el atentado hasta la recusación planteada por la agrupación Memoria Activa, la Cámara Federal lo separara de la investigación.
