La ley -promulgada por el Gobierno el 10 del mes pasado, en medio de la feria judicial de verano- cayó como una bomba en el ámbito judicial porque la modificación al Código Penal significa la clara e inobjetable prescripción inmediata de numerosos expedientes, más los que vienen en camino.
Entre los sumarios que ya podrían estar prescriptos -informó el diario ‘La Nación’- “se encuentran los del presunto ocultamiento por parte de Carlos Menem de una cuenta en Suiza, las posibles irregularidades en el manejo de regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz, el presunto pago de sobornos en los contratos IBM-Banco Nación e IBM-Anses, gran parte del expediente sobre las posibles anomalías en la obtención de créditos millonarios por el Grupo Yoma o todas las causas contra María Julia Alsogaray».
Todos grandes negociados criticados por la ciudadanía y por los que se viene reclamando la aplicación de la justicia contra la corrupción y el vaciamiento del Estado.
Por prescribir se encuentran, entre otras, la causa por la que fue preso el ex interventor en el PAMI Víctor Alderete; la que investiga acerca del pago de coimas por el contrato IBM-DGI; la que indaga sobre la responsabilidad del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes en la doble contratación del publicista Dick Morris y la de los presuntos sobornos en el Senado en la que están vinculados el ex senador Mario Cantarero y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.
Incomprensiblemente esta introducirá el perdón en causas donde hay un supuesto interés del Estado en llegar hasta las últimas consecuencias.
El presidente Kirchner promulgó la ley el 10 del mes pasado y fue publicada en el Boletín Oficial al día siguiente, en medio de la feria judicial.
El nuevo fiscal de control administrativo de la Oficina Anticorrupción (OA), Abel Fleitas Ortiz de Rozas -el abogado especialista en derecho de familia que reemplazara a Daniel Morín a cargo de la Oficina del Estado responsable de investigar la corrupción dentro de las propias filas del Estado – se negó a hablar del tema como muchos otros funcionarios públicos y parlamentarios.
25.990
La ley N° 25.990, sancionada el pasado 16 de diciembre, establece como únicas causales para la interrupción de la prescripción de un delito el primer llamado a indagatoria, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y una sentencia condenatoria.
El nuevo texto obliga a los jueces a tramitar las causas más rápido para que no prescriban y responde así al derecho de todo imputado a que el juicio dure un plazo razonable. Ese fue el fundamento central de la ley, un texto que reúne iniciativas de los diputados Guillermo Johnson (PJ-Córdoba), Juan Carlos Godoy (Alianza Nuevo Espacio Entrerriano) y María Elena Barbagelata (Socialismo-Capital).
Los analistas judiciales consultados no niegan la importancia de esta modificación frente a la necesidad de terminar rápidamente con la incertidumbre de los imputados, pero el problema es que si los procesos son lentos, ésto puede hacer que muchos delitos queden impunes y termina jugando en contra de intrincadas y profundas investigación necesarias en algunos casos como los nominados más arriba.
No todo puede prescribir del mismo modo y resulta inexplicable que ningún bloque parlamentario no haya propuesto objeciones u excepciones a la norma.
La ley 25.990 se aprobó sobre tablas en la Cámara de Diputados el pasado 18 de agosto de 2004, con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal y sin debate de por medio y se convirtió en ley el 16 de diciembre de 2004 en una sesión en la que se aprobaron otros 19 proyectos de ley.
Curiosamente, de los diarios de mayor tirada, ni Clarín ni Página/12 hicieron mención a este tema que reviste una severa gravedad institucional frente al futuro de la búsqueda de justicia; y muchos d elos consultados por el diario ‘La Nación’ parece no haber querido aparecer con nombre y apellido en la nota escrita por el colega Gabriel Sued.
Uno de los jueces consultados -de los cuales Sued tampoco menciona su identidad- “anticipó que estudiará los pactos internacionales de lucha contra la corrupción para ver si es factible declarar la inconstitucionalidad de la reforma.
Y un fiscal -de quien tampoco aparece su nombre- creyó ver una maniobra oscura tras la sanción de la ley. ‘Esto es una autoamnistía encubierta’, dijo”.
Como dijera el abogada penalista Elías Neuman: “En este país sólo van presos los ladrones fracasados”.
Por ahora, de justicia ni hablar.
