El Gobierno de Estados Unidos está elaborando una estrategia para detener indefinidamente a presuntos terroristas y privarlos de su derecho a un proceso legal. Así lo dio a conocer el periódico ‘The Washington Post’.
Mencionando a fuentes oficiales que pidieron reserva de identidad, el periódico indicó que el Pentágono y la CIA han solicitado a la Casa Blanca que elabore una solución “permanente” que incluya posibles detenciones de por vida para centenares de presos bajo custodia de los Estados Unidos. La medida, que de ser aprobada marcaría un endurecimiento de la lucha antiterrorista del país, afectaría a “centenares” de personas bajo custodia de la CIA y de las autoridades militares estadounidenses, incluyendo aquellas que no han sido acusadas por falta de pruebas, asegura el diario.
Una de las propuestas que se estudian es el traslado de un gran número de extranjeros detenidos en la base naval en Guantánamo (Cuba) a nuevas prisiones construidas por Estados Unidos en sus países de origen. Esas prisiones estarían bajo el control de los respectivos gobiernos, pero el Departamento de Estado vigilaría que se respeten los Derechos Humanos de los prisioneros, indicó una alta fuente gubernamental.
El Pentágono, que tiene bajo custodia a 500 prisioneros en la base de Guantánamo, solicitará al Congreso de los Estados Unidos, 25 millones de dólares para la construcción de una cárcel con 200 camas, para prisioneros que probablemente nunca sean sometidos a un tribunal militar por falta de pruebas, según fuentes castrenses.
‘The Washington Post’ señaló que uno de los principales retos de la CIA ha sido encontrar “lugares seguros” en el extranjero donde pueda detener e interrogar a prisioneros “sin el riesgo de que sean descubiertos y sin tener que darles acceso al proceso legal”.
Redefinición de la ‘tortura’
El ‘The Washington Post’ también informó que desde el pasado jueves 30 de diciembre, la página web del Departamento de Estado difunde una declaración del jefe de la Oficina de Asesoría Legal que señala que «la tortura es repugnante tanto para las leyes y valores americanas como para las normas internacionales» y rechaza una declaración anterior del Departamento, según la cual sólo constituye un delito de tortura castigado por la ley aquel acto que provoque «fallos en los órganos, impedimentos a las funciones del cuerpo o incluso la muerte».
El texto, firmado por el ‘número dos’ en funciones Daniel Levin, dice que la tortura puede incluir actos que no lleguen a ocasionar un dolor agónico y que debe considerarse tortura el provocar sufrimiento físico o angustia mental prolongada.
El diario destaca que la polémica definición vigente hasta ahora ha llevado a que tanto la oposición demócrata como los grupos de defensa de los Derechos Humanos hayan concentrado sus críticas en el próximo secretario de Justicia, Alberto R. Gonzales, puesto que, como asesor legal de la Casa Blanca, la supervisó.
La definición anterior de tortura, redactada en agosto de 2002, ha sido criticada por muchos por considerar que su estrecha visión estaba hecha a medida para que agentes de la CIA pudieran escapar de una persecución legal y ha permitido que se creara una situación de abusos recurrentes a los prisioneros en Irak, Afganistán y la base de Guantánamo (Cuba).
