En Rafah se produjeron el 10% de las bajas palestinas en toda la Segunda Intifada.
En su informe -de 133 páginas, con fotografías de satélites que muestran la destrucción en Rafah en los últimos cuatro años, y entrevistas a militares israelíes y activistas palestinos- ‘Human Rights Watch’ afirma que, según la ley internacional, Israel -como potencia ocupante- «puede destruir propiedad civil sólo cuando sea absolutamente necesario en operaciones militares, pero no para mejorar la seguridad general de los militares ni como una precaución ante hipotéticas amenazas».
Desde esta perspectiva, la destrucción de casas en Rafah es «ilegal», acusación sobre la que el Ejército ayer no hizo comentarios.
La ONG también afirma que está fuera de toda duda la existencia de los túneles por los que se contrabandeaban armas en Rafah y el derecho de Israel a defenderse de este tráfico ilegal desde Egipto. Según el Ejército israelí, en los últimos cuatro años sus soldados han destruido más de 90 túneles, lo que probaría que esa zona fronteriza con Egipto es una especie de colador dedicada al contrabando.
‘Human Rights Watch’ denuncia, también, que hasta el 2003 la estrategia del Ejército israelí fue destruir las casas donde había entradas de esos túneles.
Como conclusión, ‘Human Rights Watch’ estima que la amenaza de los túneles es un «pretexto» que oculta el auténtico objetivo de las operaciones militares israelíes en Rafah: expandir el corredor que separa la frontera de Rafah (conocido como ’Corredor Filadelfia’) para «mantener un control efectivo y duradero sobre la Franja de Gaza».
