Las acciones de violencia contra sedes diplomáticas en el Medio Oriente, por parte de grupos musulmanes, justificadas por la publicación en septiembre pasado de caricaturas de Mahoma en el diario danés ‘Jyllands-Posten’, llegaron hasta las puertas de la embajada argentina en El Líbano el pasado miércoles 8 de febrero.
La misión argentina en Beirut, que actualmente hospeda a los diplomáticos chilenos cuya sede fue quemada la semana anterior, habría sido apedreada y sólo la intervención de un “clérigo” que atendió las razones de un diplomático, habría salvado al edificio del fuego.
En Buenos Aires sonaron las alarmas.
En estos días medios argentinos han recordado que la voladura de la sede de la embajada israelí en Buenos Aires en 1992, se produjo luego de una acción para eliminar al para entonces lider de la organización Hezbollah, Habas Musawi.
Y la destrucción de la sede de la AMIA, en 1994, tiene vinculaciones con organizaciones o países musulmanes. Y ahora, Argentina está en medio de las tensiones que amenazan con una crisis global provenientes de Irán.
El tema del desarrollo nuclear iraní está siendo manejado a nivel de la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuyas decisiones son tomadas en la llamada Junta de Gobernadores integrada por 35 países.
El pasado mes de septiembre, la junta de gobernadores, con el sólo voto en contra de Venezuela, y con la abstención de doce países incluyendo a la Argentina y Brasil, decidió emitir una declaración que lamentaba el hecho de que Irán no atendiera la petición formulada por la Junta en agosto del 2005 para suspender totalmente las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio.
La elevación, ahora, del tema al Consejo de Seguridad, representa dejar a un lado la instancia técnico-política de la AIEA y asumir el contenido estrictamente político del caso.
La resolución de septiembre se consideró como una etapa intermedia, ya que a juicio de Europa y Rusia el contenido de la resolución mantenía abiertas las puertas para negociaciones con Teherán. A finales de septiembre, la junta de gobernadores de la AIEA fue renovada, y por Latinoamérica ingresaron Cuba y Colombia.
El pasado 4 de febrero, la junta de gobernadores de la AIEA avanzó un paso más en el camino para presionar internacionalmente sobre Irán.
Con el voto de 27 miembros, incluyendo a Rusia, China e India, y a los latinoamericanos la Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, se instruyó al Director General para “que ponga en conocimiento del Consejo de Seguridad todos los informes” y las resoluciones que ha aprobado sobre los incumplimientos iraníes.
La decisión no incluyó sanciones contra Irán.
Cuba, Venezuela y Siria, tres países con alianzas políticas con Irán votaron en contra de la medida.
Dadas las especiales relaciones entre el gobierno de Néstor Kirchner con Venezuela, la prensa argentina especulaba sobre el voto que Argentina daría en la AIEA.
¿Acompañaría Kirchner a Hugo Chávez en su apoyo a los planes nucleares de Irán en abierto enfrentamiento contra Washington?
¿Mandaría Kirchner a abstenerse en la inminente votación en la AIEA o anclará su voto a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que ya habían decidido elevar el caso Irán a la ONU?
Finalmente Argentina, en una posición que probablemente fue consultada con Brasil, se sumó a los países que decidieron llevar el caso Irán al Consejo de Seguridad.
La solidaridad automática de Kirchner con las posiciones de Chávez brilló por su ausencia. El promocionado eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires se desvaneció de pronto.
El representante argentino en las Naciones Unidas, el Embajador Cesar Mayoral, ha dicho que su país «no se alineará necesariamente» con los Estados Unidos ni contra la posición de Venezuela.
