Tras una recorrida que hizo por la sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención durante la dictadura, Garzón dijo que existe en Argentina un «compromiso evidente» por la defensa de «la memoria y los Derechos Humanos».
Valoró también la resolución de la Corte Suprema de Justicia en la que se decretó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Garzón dejó asentada su posición a favor del procesamiento de los militares argentinos en Argentina.
En 2003 continuaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las investigaciones judiciales por violaciones de Derechos Humanos se encontraban estancadas bajo el paraguas de esas normas, lo que lo llevó a Garzón a solicitar la extradición de algunos represores. En aquel momento, Garzón tenía a su cargo en la Audiencia Nacional los históricos ‘Procesos de Madrid’ contra los crímenes de las ex dictaduras militares Argentina y Chile.
Tras concluir la instrucción del sumario, Garzón inició el 19 de agosto de 2003 el trámite urgente de extradición para que Argentina enviara a España a 39 de los más importantes jefes militares de la dictadura.
En esa lista se encontraban emblemáticas figuras de la dictadura como el ex dictador Jorge Rafael Videla y el fallecido ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason, quienes fueron imputados de delitos tales como genocidio, terrorismo y torturas.
El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral ordenó las detenciones. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás cuando, el 29 de agosto de ese mismo año, el Gobierno español se negó a tramitar la extradición solicitada por Garzón.
Semanas después, el Congreso argentino dispuso la nulidad de las ‘leyes del perdón’ y así se reabrieron numerosas causas por violación de Derechos Humanos, como la que investiga los delitos cometidos en la ESMA o en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina serán juzgados en España o en Argentina”, reconoció el juez español Baltasar Garzón, quien visita Buenos Aires, donde fue recibido por el Presidente Néstor Kirchner y la senadora Cristina Fernández.
«Yo confío en que, en España o Argentina, a los represores se los va a juzgar porque hay normas jurídicas que rigen entre los dos países. Lo importante es que no se dé margen alguno a la impunidad», consideró el magistrado.
«Es el sentido de la justicia universal que hemos aplicado en España y es el sentido de la Corte argentina al anular las leyes del perdón», explicó Garzón.
